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Presenta seis informes periciales

ACS impugna la junta de Iberdrola que le impidió entrar en su consejo

ACS presentó hoy ante los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la impugnación de los acuerdos aprobados en la última junta de accionistas de Iberdrola que le impidieron entrar en su consejo de administración, pese a ser su primer accionista con un 12,6% de su capital social.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galánz, y su homólogo en ACS, Florentino Pérez
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galánz, y su homólogo en ACS, Florentino PérezEfe

El grupo que preside Florentino Pérez acompaña su demanda de impugnación de seis informes periciales para fundamentar, entre otras cosas, "que no existe conflicto de interés que justifique la exclusión de ACS del consejo de Iberdrola".

En concreto, el grupo constructor recurre dos acuerdos de la junta de Iberdrola celebrada el pasado 26 de marzo. El correspondiente al cese del consejero que había designado en la eléctrica y el referente a la reducción a catorce del número de miembros del consejo de administración de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán.

De esta forma, ACS inicia su 'batalla legal' por el consejo de Iberdrola dos semanas después de que la eléctrica se adelantara y, a su vez, impugnara uno de los puntos de la asamblea de la constructora (la de aprobación de las cuentas) del pasado 15 de abril y solicitara medidas cautelares.

La constructora ya ha advertido además de que puede emprender medidas también contra esta denuncia de la eléctrica, por considerar que causa un "grave daño a su prestigio".

Por el momento, la demanda de impugnación presentada por ACS, que cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados Clifford Chance, se centrará en demostrar que no es competidor de Iberdrola. La eléctrica esgrimió que la constructora tiene intereses en varias de sus actividades para que su última junta votara en contra de la propuesta de nombrar un consejero.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la tramitación y resolución de este recurso puede llevar un periodo de entre ocho y diez meses, siempre que no se interpongan otros.

La compañía que preside Florentino Pérez debe entrar en el máximo órgano de gestión de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán o alcanzar el 20% de su capital social para poder consolidarla en sus cuentas. Hasta el momento, sólo se anota el cobro de dividendo.

El presidente del grupo de construcción y servicios garantizó el pasado mes de abril, con ocasión de la junta general de la empresa, que ACS "defenderá hasta el final" sus derechos en Iberdrola.

Confianza en los tribunales

Asimismo, Pérez mostró su confianza en que los tribunales "den la razón" a la compañía en su voluntad de entrar en el consejo de la eléctrica. "No hay nadie que entienda que un accionista de referencia de una empresa no esté representado en su consejo de administración", aseguró entonces.

ACS inicia así su 'batalla' legal por Iberdrola en tanto mantiene su intención de elevar hasta el 20% su participación en la compañía, "cuando se pueda y sin ningún socio extranjero", tal como también aseguró Pérez ante la junta. Un 7,4% adicional del capital de la eléctrica está valorado en unos 1.900 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.

La constructora enmarca todo este proceso en su vocación de "permanencia" en el sector energético y en su consideración de que "ACS puede contribuir, junto con el resto de socios y accionistas, al desarrollo empresarial y la creación de valor" de Iberdrola.

Iberdrola mantiene que existe un conflicto de competencia estructural y permanente con ACS

La eléctrica ha emitido un comunicado en el que asegura que existe un conflicto de competencia con ACS evidente, nítido y reconocido por la propia constructora en la junta de accionistas del pasado 26 de marzo.Iberdrola asegura además que el conflicto de competencia entre ambas compañías está acreditado por diversos informes económicos y dictámenes jurídicos elaborados por PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados, que fueron puestos a disposición de los accionistas en la junta. Unos informes que evidencian, según la eléctrica que las dos entidades son competidores reales en numerosos mercados y han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos.

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