Los efectos del plan de ajuste

El Ejecutivo rectifica y permitirá a los ayuntamientos endeudarse este año

La prohibición de endeudarse a largo plazo a los ayuntamientos hasta 2012 apenas duró 24 horas. La edición de ayer del BOE incluía una corrección en la que fijaba que esa limitación sólo será efectiva de enero a diciembre de 2011.

A yer estábamos muertos, hoy estamos moribundos y mañana podemos estar peor". Con esta frase ilustraba ayer el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Zamora, Juan Martínez Maíllo, cómo se vivió en el seno del organismo que aglutina a los 8.200 ayuntamientos españoles las 24 horas transcurridas entre que el Ejecutivo decidió prohibir la posibilidad de que los municipios se endeudaran a largo plazo desde el lunes hasta 2012 y la posterior rectificación que les permitía acudir a la deuda este año.

Un cambio que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, atribuyó a un error sin importancia. "Todos los BOE y todos los decretos llevan corrección de errores y más un decreto-ley que es tan complicado como este", recalcó ayer un foro económico que se celebraba en Bruselas. Pocas horas después, esa versión era corregida por el presidente de la FEMP, Pedro Castro, ya que aseguró que la corrección introducida en el BOE obedecía en gran medida a la intervención de la Federación. El lunes por la tarde se produjo una reunión de urgencia entre el propio Castro y el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la que, según la versión de Castro, éste le hizo ver la necesidad de suavizar las medidas incluidas en el decreto-ley para recortar el gasto procedente de los ayuntamientos.

Los alcaldes populares y socialistas coincidieron a la hora de señalar lo injusto de la decisión adoptada en la medida en la que el déficit municipal apenas supone 0,5 puntos del déficit público (11,2% del PIB) y que la deuda sólo llega al 3% del PIB cuando la suma de las tres administraciones roza el 60%. Una tesis corroborada ayer por el propio secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, al considerar como "desdeñable" el volumen de obra pública licitada por los ayuntamientos, la principal partida de gasto municipal.

El presidente de la FEMP achaca la corrección a su charla del lunes con Chaves

Hasta aquí los puntos de convergencia, ya que posteriormente se pudo comprobar el abismo que separa a PP y PSOE. Esa diferencia se hizo palpable en las comparecencias por separado de los alcaldes. En primer lugar compareció Martínez Maíllo, quién calificó el decreto ley como "una barbaridad, una injusticia aprobada con nocturnidad y alevosía que sólo afecta a las corporaciones locales, mientras que las comunidades y el Estado salen indemnes". El presidente de la Diputación de Zamora exigió coraje a Castro para manifestarse contra ese decreto y "no sólo para protestar contra la política de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre".

El presidente de la FEMP hizo una valoración mucho más sosegada, en gran medida obligado por la imposibilidad de criticar las decisiones de un partido al que pertenece. "Queremos que el Estado tome decisiones valientes para impulsar el desarrollo económico, aunque también pedimos que la oposición tenga un concepto de Estado y anteponga el bienestar por encima de los votos. Lo que le exigimos es que vea las decisiones de recorte adoptadas en otros países como Alemania, Reino Unido o Francia", dijo.

Algunos municipios se rebelan contra las bajadas de sueldos

La única resolución que salió ayer de la Comisión Ejecutiva de la FEMP fue un acuerdo firmado por los portavoces de todos los grupos políticos (PSOE, PP, IU, CiU, UPN y PAR), en el que se instaba a los ayuntamientos a aplicar una reducción de salarios en la misma proporción que la fijada en el decreto-ley aprobado el lunes.

De este modo, la FEMP recomienda una bajada de un 15% (igual a la aprobada para el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero) para los alcaldes y altos cargos municipales que ganen más de 81.155,1.

Le siguen aquellos cuyos salarios oscilen entre los 73.682,8 y los 64.6906,4, que podrían sufrir una rebaja similar a la de los secretarios de Estado (un 8%) en 2010. Así sucesivamente hasta alcanzar aquellos funcionarios municipales que ganen menos de 6.581,7 euros al año, que serían los únicos que quedarían exentos de la rebaja.

Pero esa recomendación podría quedar en papel mojado ante la negativa de algunos consistorios a asumir el recorte. El primero que se negó ayer a aplicarlo fue el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). En un comunicado, el alcalde del municipio, José Masa, de IU, dijo que no estaba de acuerdo "con que se haga pagar el precio de la crisis económica a quienes trabajan todos los días para que nuestra ciudad funcione". Y justificaba su rechazo en que ya se habían rebajado con anterioridad los salarios. En febrero de 2009, este consistorio ya redujo en un 10% de media el sueldo de sus cargos políticos y de libre designación y recortó en un 25% la asignación a los grupos políticos. Todos los sueldos estaban congelados este año.

Pérdidas de fondos europeos

Martínez Maíllo destacó que la prohibición de endeudarse a largo plazo en 2011 podría dar al traste con obras plurianuales cofinanciadas con la UE. "Si estas obras no se ejecutan, se perderán los fondos", advirtió. Por su parte, el presidente de la FEMP auguró mejoras en las condiciones impuestas para 2011. "No creo que ninguna obra confinanciada vaya a ser paralizada por falta de financiación", dijo.