Las fotovoltaicas piden a Industria quitar las primas a plantas en fraude
La Asociación de la Industria Fotovoltaica ha remitido una carta al Ministerio de Industria en la que propone "reducir el peso de la fotovoltaica en la tarifa entre un 20% y un 30%" excluyendo del régimen de primas a todas las plantas irregularmente acogidas a la retribución del Real Decreto 661/2007, la anterior y más beneficiosa normativa.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif ) ha enviado una propuesta al ministerio de Industria para reducir el peso de la fotovoltaica en la tarifa eléctrica y "contribuir a la reducción del déficit tarifario de forma significativa". Propone que todas las plantas solares fotovoltaicas "irregularmente acogidas a la tarifa del Real Decreto 661/2007", la anterior y más beneficiosa norma, dejen de cobrar retribuciones. Suponen "más de 600 megavatios (MW)", según sus cuentas, alrededor de un 25% de lo instalado en 2008, el año del boom fotovoltaico.
De este modo, se reduciría el monto total de primas que cobra la fotovoltaica "entre un 20% y un 30%", es decir, entre 500 y 800 millones de euros al año, tomando como referencia los más de 2.600 millones que cobraron los promotores de estas instalaciones el año pasado, según se explica en la carta a la que ha tenido acceso Cinco Días. Fuentes de Asif confirmaron la existencia de la carta pero descartaron rotundamente hacer ningún comentario a su contenido.
En el fondo de esta propuesta podría estar la intención de la asociación de hacer frente al recorte de primas que ha pedido el ministerio de Industria y que algunas fuentes fijan en un 30% de media, sin que entre en juego la peligrosa retroactividad. Para las patronales, que se bajen las retribuciones de las instalaciones en funcionamiento supone "la muerte del sector" por el "gravísimo perjuicio" que les causará a esta industria "y por extensión, al resto de negocios regulados" y pone en juego "la seguridad jurídica y la credibilidad de España", tal y como han manifestado en numerosas ocasiones desde que este debate salió a la opinión pública. Sin embargo, parece innegociable que el Estado no puede hacer frente a un desembolso de este porte a futuro sin subir el recibo de la luz, cosa que se descarta totalmente.
Por esta causa, y para solucionar "uno de los temas que, injustamente, lastran la buena reputación del sector fotovoltaico", dice Asif en su carta, proponen que las plantas que cobran prima de modo fraudulento, dejen de recibirla y pasen a cobrar el precio del mercado.
Para apuntar a este 25% del mercado en situación irregular, la patronal estima en su carta que "de los 2.500MW que se instalaron en 2008 acogidos al Real Decreto 661/2007, unos 2.000MW se hicieron con módulos importados", según los propios datos de Asif recogidos en su informe de 2009. Toda instalación que no estuviera terminada a finales de septiembre de 2008 estaría fuera del ámbito de aplicación del real decreto y no debería cobrar su tarifa. Según las estimaciones que Asif ofrece a Industria, "de estos 2.000MWimportados, una cantidad muy importante cruzó las fronteras y aduanas españolas en fecha incompatible con su montaje antes de finales de septiembre". De estemodo, afirman su sospecha de que "junto con cierta producción nacional,más de 600MW de paneles" se montaron en instalaciones que no estaban listas en fecha.
La CNE ya manejaba esta cantidad de 600 MWcomo sospechosos de estar en situación de irregularidad en noviembre de 2008, cuando inició sus investigaciones sobre un posible fraude que podía afectar amás de 4.000 plantas de las 51.000 en funcionamiento. De hecho, el Gobierno estudiaba a finales de 2008 promulgar una norma que calificase la inscripción fraudulenta de delito penal. El mecanismo planteado entonces para detectar el fraude se basaba en la comprobación de los datos de Aduanas y Hacienda.
Una propuesta con difíciles derivadas
La propuesta sirve para esquivar la retroactividad, mantener la retribución y hacer frente al recorte pero implica una serie de dificultades que no fue posible solventar a finales de 2008 y que han empeorado con el tiempo.Para empezar, tal y como se hablaba cuando se detectaron los fraudes, si un promotor había conseguido inscribir su planta en el registro administrativo de la comunidad autónoma a tiempo, aunque aquella no esté en regla, la responsabilidad no sería del propietario sino de la comunidad que lo inscribió, con la consiguiente problemática. Aunque otras interpretaciones señalan que podrían esquivar este problema borrando del registro de Industria a las anómalas.Además, los contadores que registran la electricidad producida guardan el registro horario de producción sólo de los últimos seis meses. A partir de ahí, el dato almacenado es el de producción mensual. Casi dos años después, sería mucho más gravoso determinar las irregularidades.Aun así, los promotores lamentan esta situación de indefinición normativa, porque "tiene a todos los sectores renovables paralizados y el impacto en los fondos de inversión es enorme".
