Quiere fijar un precio regulado

Industria propone recortar en 2.500 millones las primas de las renovables

La conclusión de las reuniones mantenidas el jueves entre las productoras de renovables y el ministro de Industria es que éste quiere recortar las primas que reciben en 2.500 millones. El mecanismo, que el ministro no desveló, sería la fijación de un precio regulado con una rentabilidad "razonable" y un periodo de convergencia de dos años.

Miguel Sebastián, ministro de Industria.
Miguel Sebastián, ministro de Industria.

El Ministerio de Industria pretende recortar las primas de las energías renovables en 2.500 millones de euros respecto a los más de 6.000 millones en que se situaron estos incentivos en la tarifa del año pasado, según fuentes empresariales. Así se lo transmitió el titular del departamento, Miguel Sebastián, a las distintas asociaciones con las que se reunió el pasado jueves, a las que preguntó qué parte del recorte estarían dispuestas a asumir cada una.

En los encuentros sucesivos celebrados ese día participaron las asociaciones de productores fotovoltaicos (APPA, ASIF y AEF); la de empresas eólicas (AEE) y las termosolares (Protermosolar). Sebastián justificó la rebaja en la necesidad de poner coto a unos incentivos, que, en su opinión, ponen en peligro el objetivo de acabar con el déficit de tarifa que, el año pasado, superó los 3.500 millones de euros que permitía la ley para ese ejercicio, hasta 4.616 millones de euros, a los que hay que restar 372 millones del coste del CO2 detraído a las empresa en 2009.

El mecanismo del polémico recorte de las primas ha sido elaborado por el equipo de Sebastián y ya figura en un borrador preliminar de real decreto, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías. Se trata de fijar una retribución distinta a la actual para todas las tecnologías de renovables, aunque la medida afectaría en mayor medida a la termosolar, seguida de la fotovoltaica y de la eólica.

La retribución no estaría ligada a los precios del mercado (como ocurre ahora con la eólica) sino a una rentabilidad "razonable". Se trata de un sistema de retribución similar al de Enagás y Red Eléctrica, cuya rentabilidad se determina en función de la evolución del bono a 10 años. Con todo, la de las renovables sería mejorada respecto a éstas, según fuentes próximas al Gobierno conocedoras de la propuesta.

Una de las consecuencias del nuevo sistema es que la amortización de la inversión de las instalaciones fotovoltaicas (hay más de 51.000 en funcionamiento), que se sitúa ahora en unos siete años, se alargaría en el tiempo. El problema se agrava, según fuentes del sector, en el caso de las plantas que han cambiado una o varias veces de manos, lo que ha provocado un encarecimiento de la inversión y, por tanto, una burbuja.

La propuesta de Industria incluye un periodo transitorio de unos dos años, al final de los cuales, se produciría la convergencia de las retribuciones.

En estos momentos, cada una de las tecnologías tiene un sistema de incentivos distintos: la termosolar y la fotovoltaica recibieron en 2009 entre 240 y 430 euros MWh, en tanto que la eólica tiene la opción de ir al mercado, cobrar el precio que éste marque y, el resto, hasta 30 euros MWh, lo reciben como prima. También tienen un suelo, por debajo del cual (como ha sucedido este año) también son compensadas.

Una rebaja para todas las instalaciones

El borrador de real decreto que maneja el Ministerio de Industria va acompañado de un informe en el que se demuestra que la medida (retroactiva, según entienden las empresas, pues afectará a todas las instalaciones en funcionamiento) es "jurídicamente impecable".

Las tesis estarían en línea con las manifestadas esta misma semana en unas jornadas celebradas en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Campos, que ha actuado como ponente en las sentencias más relevantes del área de Energía y Competencia de la sala contencioso administrativo del alto tribunal. Suyos son los fallos sobre los dos reales decretos del régimen especial y la de 2009 sobre las primas a la cogeneración.

Campos aseguró en la CNE que en todos los sectores hay un riesgo regulatorio y "es un factor con el que hay que contar en un sistema liberalizado" como el energético. En este sentido comentó que "la regulación en España no obedece a relaciones contractuales o concesionales, sino a la posición de supremacía del poder reglamentario". Por tanto, la seguridad jurídica hay que considerarla sólo desde la óptica de los derechos adquiridos". Estos, según el magistrado, se refieren a los derechos que ya han entrado en el patrimonio del administrado (primas cobradas) pero no a los que están por entrar (incentivos por cobrar).

Esta "legitimidad" es a la que apela Industria para cambiar la retribución a todas las plantas. Además, si se pone coto a que entren nuevas, un recorte no retroactivo serviría de nada. No obstante, para Manuel Campos la rebaja de los incentivos sólo se puede hacer siempre que se respete "un rendimiento razonable". Además, recordó que dos sentencias (de octubre y marzo de 2007), aceptaron "la posibilidad de trato diferenciado a las distintas renovables".

Pese a esta jurisprudencia, las empresas ya han advertido que no renunciarán a acudir al Supremo si se cambia la regulación.

Recorte o freno de un incentivo fuera de control

La propuesta de Miguel Sebastián de recortar las primas de las renovables es técnicamente impropia, ya que, en algún caso, como la eólica, el incentivo está ligada al precio del mercado, por lo que, en un año con precios hundidos, como ha sido éste, la prima se ha encarecido, pero también podría bajar por sí sola si el precio se recuperara.

El objetivo del Gobierno es fijar "una retribución razonable", si bien las presiones de los distintos lobbies empresariales sobre el ministro de Industria podrían dar al traste o edulcorar las medidas. De hecho, distintas fuentes del sector desconfían que "sea capaz de vencer las presiones y aplicar las medidas con todas sus consecuencias".

Además, las mismas fuentes consideran que sería necesaria una reforma drástica, más allá de las que planteó a los grupos parlamentarios, para atajar, como se pretende la sangría del déficit de tarifa.