Tras los recursos al FROB

El Gobierno asegura que la reforma de la Ley de Cajas no vulnerará competencias autonómicas

La reforma de la Ley de ârganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) acordada el miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no vulnerará competencias autonómicas, según aseguraron hoy fuentes del Ejecutivo.

Las fuentes se expresaron así después de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, declarase ayer su temor por que la nueva ley haga perder competencias a su Gobierno en la materia. El Ejecutivo central, en cambio, asegura que su intención es siempre operar con pleno respeto al marco que definen la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

Zapatero y Rajoy acordaron el pasado miércoles reformar la Ley de Cajas para aumentar su profesionalización y transparencia y, además, para facilitarles el acceso a capital haciendo que las cuotas participativas que emiten las cajas para obtener financiación tengan derechos políticos.

Montilla pidió también que estas nuevas cuotas participativas sean minoritarias en el capital. Zapatero y Rajoy ya dejaron claro el miércoles que su idea es no cambiar la naturaleza jurídica de las cajas, es decir que no será posible su 'privatización'. De hecho, en el Gobierno se barajan opciones como que estas cuotas no puedan superar el 49 por ciento del capital. Para mejorar la profesionalización, se estudia también reducir el número de cargos políticos en los órganos de gestión.

En los últimos meses, varios Gobiernos autonómicos -Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña- han salido también en defensa de sus competencias en materia de cajas de ahorro recurriendo ante el Tribunal Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un fondo dotado con 9.000 millones de euros para facilitad las fusiones de cajas.

El motivo es que el real decreto que lo regula señala que en caso de intervención del Banco de España sobre una caja para forzar su fusión, las comunidades autónomas solo tendrán la potestad de emitir un informe no vinculante y las autonomías consideran que se vulneran sus competencias, mientras el Ministerio de Economía defiende que es plenamente constitucional.