EDITORIAL

Gastar en función de la recaudación

El derrumbe de la recaudación fiscal, que ha afectado a todos los impuestos, ha sido especialmente profundo en los ligados al sector inmobiliario. La evidencia se plasma en el de transmisiones patrimoniales, cedido a las comunidades autónomas, que si en 2006 aportó por la venta de pisos 10.000 millones de euros a las arcas regionales, dos años después apenas superó los 4.000 millones. Afortunadamente, los primeros datos del primer trimestre muestran un esperanzador repunte gracias al incremento de las compras de viviendas.

Los Gobiernos autonómicos tienen la potestad de establecer, dentro de un rango, el tipo impositivo de este tributo que carga sólo las viviendas de segunda mano. En la mayoría de las regiones el tipo está en el 7% (Canarias en el 6,5%), lo que significa que a partir del 1 de julio quedarán por debajo del 8% al que tributarán las viviendas de primera mano por IVA. Por tanto, tienen margen para incrementar la recaudación por este concepto. De momento, sólo Cantabria ha subido la tasa hasta el 8% -desde el pasado 1 de enero- para aquellas casas de más de 300.000 euros, y Andalucía ha confirmado que hará lo mismo para las de más de 400.000 euros. Galicia ha rechazado la subida y el resto todavía no ha desvelado su estrategia. Lo cual se entiende perfectamente, pues en cuestión impositiva se impone la cautela y lo más sensato es esperar a ver la evolución del mercado inmobiliario. De todas formas, aunque hay opiniones dispares sobre el efecto que puede tener sobre las ventas una subida tributaria, nadie duda que desincentivará las compras.

Por regla general, las comunidades gobernadas por el PP se opondrán a incrementos fiscales al considerar que la mejor forma de combatir la crisis es poner fondos en manos de las familias para incentivar el consumo. Y confían en reducir los abultados déficits presupuestarios con recortes del gasto público. Las socialistas, por contra, tenderán a emular al Gobierno central y aumentar la recaudación subiendo impuestos, y poder así seguir empleando fondos públicos para paliar el efecto social y económico de la crisis.

Sea cual fuere la decisión, habrá que exigirles a todos coherencia. Pues la potestad legislativa de los Parlamentos regionales lleva pareja su correspondiente responsabilidad política y financiera. Aquellas que opten por no subir impuestos tendrán que ajustar los gastos a sus ingresos, no deberán endeudarse por encima de los límites establecidos, estarán obligadas a cumplir en tiempo y forma con las facturas que hayan emitido y, bajo ningún concepto, deberán acudir al Gobierno central para que las asista financieramente. Y las que opten por más tributos asumirán el riesgo de deprimir un mercado todavía débil y de poner en peligro el repunte de la recaudación fiscal en transmisiones patrimoniales. Ojalá fuera posible que todos acertasen.