Nueva medida

Prorrogada la moratoria para evitar la disolución de empresas en pérdidas

El Gobierno acordó ayer prorrogar dos años la moratoria que dio en 2008 para evitar que las sociedades que tengan determinadas pérdidas incurran en causa de disolución o estén obligadas a reducir capital social. La prórroga, reclamada por sectores como el de la construcción y la promoción de viviendas, estaba contemplada en el documento que el Gobierno trasladó a los partidos políticos la semana pasada en el marco del pacto anticrisis (el llamado Pacto de Zurbano), y que está pendiente de firma.

El Consejo de Ministros argumenta que "la situación económica y el deterioro en determinadas empresas motivan la ampliación por dos nuevos ejercicios de la norma anterior, únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias".

La Ley de Sociedades Anónimas fija, en varios artículos que ahora permanecerán congelados, que incurrirán en causa de disolución las empresas cuyas pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En concreto, fija que las empresas estarán obligadas a reducir capital cuando las pérdidas "disminuyan su haber por debajo de las dos terceras partes del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio".

Prima por menos accidentes

El Consejo de Ministros aprobó ayer también vía real decreto, reducir las cotizaciones que pagan las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades profesional, que lo harán entre un 5% y un 10%, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral.

La financiación de este sistema de incentivos es con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, constituido con el 80% del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social. Así, en este año se reconocerán y abonarán los incentivos de 2009.

El real decreto se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y que establece la posibilidad de reducir estas cotizaciones de la Seguridad Social siempre que las empresas acrediten una reducción de la siniestralidad y prevengan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La oferta de empleo público se reduce un 87%

El Ejecutivo aprobó ayer la oferta de empleo público para este año. Se trata de 4.000 nuevas plazas (incluidas las de la administración de justicia) frente a las 20.000 del ejercicio anterior.

Si se computan exclusivamente las de la administración general del Estado y Fuerzas Armadas el número de ofertas es de sólo 1.989, un 87% menos. Unas 660 plazas serán de promoción interna.

La oferta prevista supondrá un ahorro de 280 millones de euros respecto al pasado año, según la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, con lo que cumple con los criterios de "contención" que inspiran el plan de austeridad en el gasto. El citado plan contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013 y un recorte de la tasa de reposición hasta el 10%.