La nueva batalla eléctrica

El presidente de BBK critica la "interferencia intolerable" de la enmienda

Mario Fernández, presidente de BBK, la caja vasca que es uno de los accionistas relevantes de Iberdrola con el 6,8% de su capital, no se anduvo ayer con rodeos cuando se le preguntó por la enmienda para eliminar el blindaje que limita los derechos de voto y por los intentos de acceso de ACS al consejo de la eléctrica. Fernández calificó este escenario de "interferencia intolerable en forma y fondo, sin ningún soporte técnico", en tono crítico con el grupo de Florentino Pérez y con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sin citarlos expresamente.

Desde su experiencia profesional -es uno de los abogados mercantilistas más prestigiosos de España-, añadió que "es falso" que con ese cambio normativo el país se alinee con la legislación comunitaria, "porque sólo dos Estados" del ámbito de la UE excluyen la limitación de derecho a voto en el mundo empresarial. En esta línea aseveró, en unas declaraciones anteriores al inicio de la junta de Iberdrola del viernes en Bilbao, que "alguien tendrá que dar una explicación por modificar una ley en concreto antes de una fecha en concreto".

El presidente de BBK no se mostró "optimista" en relación a una "solución negociada" entre los grupos que lideran Florentino Pérez e Ignacio Galán, "porque esta enmienda sorpresa no es el dato más favorable" para buscar la vía del pacto. Con la gestión de Galán en Iberdrola se mostró "encantado, porque contribuye a nuestra cuenta de resultados vía dividendo", y le trasladó su "apoyo total".

IBERDROLA 9,16 -0,59%

Más sobre la opa y las lagarteranas

Fernández se sumó ayer a las tesis a favor de una opa manifestadas esta semana por Ignacio Galán, que había manifestado que "quien quiera el control que lance una oferta por el 100% de Iberdrola y en metálico". El presidente de BBK dijo que "sólo con una opa se protegen los derechos de los accionistas de a pie, sólo pasando por esa ventanilla, y no disfrazados de lagarterana". Los movimientos de ACS y la enmienda resultan "graves para los intereses de Iberdrola".