Las regiones se suman al plan de recorte de gasto público hasta 2013
Las comunidades autónomas y el Gobierno central alcanzaron ayer un acuerdo para compartir el recorte de gasto público previsto en el programa de austeridad (50.000 millones hasta 2013). Las comunidades tendrán que informar cada tres meses del estado de sus cuentas públicas y podrían ver disminuidas sus transferencias procedentes del Estado si no cumplen con los objetivos previstos.
Pese a la abstención de las regiones gobernadas por el PP, las comunidades y el Gobierno suscribieron ayer finalmente la propuesta de acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, en las que el Ejecutivo les obliga a comprometerse en un fuerte recorte del gasto para que el déficit de todas las administraciones regrese al 3% en 2013, como está fijado en las proyecciones enviadas a Bruselas. En las mismas se permitirá a las autonomías incurrir en un déficit del 3,2% del PIB este año, lo que supone un máximo histórico y siete décimas más del límite establecido por el Gobierno el año pasado, para posteriormente regresar a los objetivos fijados por Bruselas (1,1% en 2013).
La aprobación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Las comunidades del PP se abstuvieron en bloque en la votación del primer punto del día, referido a la recuperación de la senda de decrecimiento del déficit. El consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta (PP), consideró que los medios que se ponen para la reducción de ese déficit (la creación de un grupo de trabajo) son una "vergüenza". "El Estado no ha puesto ni una sola solución a la reducción del déficit. La letra es bonita, pero no tiene música. Una comisión no resuelve el problema de las cuentas públicas", recalcó Beteta. Esa comisión se constituirá después de Semana Santa para elaborar las líneas maestras de la recuperación de las cuentas públicas y ofrecerá sus primeras conclusiones el 10 de julio para que a las comunidades les de tiempo a incluir esas recomendaciones en los presupuestos autonómicos. Todas las comunidades del PP votaron en contra de esa comisión.
La subida del IVA, prevista para el mes de julio, también fue criticada por las comunidades populares, que la consideraron contraproducente y que va a generar aún más desempleo. Pero el principal frente de batalla se abrió en el asunto de los anticipos a cuenta, ya que algunas comunidades, en concreto Galicia y Castilla y León, denunciaron ante Salgado el hecho de que vayan a recibir 2.000 millones menos de los fondos adicionales previstos en la Ley de Financiación Autonómica. "Galicia va a recibir 111 millones de euros como consecuencia de la supresión del impuesto de patrimonio", denunció la consejera gallega, Marta Fernández, quién aseguró que van a reclamar esos anticipos a cuenta que ahora el Ejecutivo no les va a transferir. A ese mismo argumento se apuntó también el consejero valenciano, Gerardo Camps, quién aseguró que su comunidad también ha realizado sus presupuestos en función de esos ingresos.
Déficit del 11,2% en 2009
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó también los planes de reequilibrio de nueve comunidades (Castilla y Léon, Castilla La-Mancha, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia y Aragón), mientras que otras cinco (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía) tendrán que realizar revisiones en sus planes para que sean aprobados por Economía. Además, la vicepresidenta Elena Salgado actualizó la cifra de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en 2009, que finalmente se redujo dos décimas frente a la última cifra oficial, cerrando ese ejercicio con un desequilibrio del 11,2% del PIB.
Los cinco principales puntos del acuerdo
l Reducción del déficit. En 2013, el déficit público de la Administración Central no podrá superar el 1,9% del PIB, mientras que el autonómico no podrá elevarse más allá del 1,1% del PIB. El objetivo es cumplir con el límite del 3% fijado para 2013.l Control de la deuda. La deuda del conjunto de las administraciones, que se elevará al 65,9% del PIB este año, según las previsiones del Ejecutivo, deberá recuperar la tendencia de reducción para alcanzar en el medio plazo el límite del 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.l Gastos de personal. Se aplicará una contención de los gastos de personal a través de una "senda de austeridad" en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la oferta de empleo público y una "racionalización" de los recursos humanos y del sector público.l Informe trimestral sobre las cuentas. Las comunidades remitirán cada tres meses un informe con el cumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales entre empresas y la respectiva administración autonómica.l Graduación de las transferencias. El Gobierno tendrá en cuenta el cumplimiento de la senda de reducción del déficit para graduar las transferencias a las comunidades que no vengan determinadas por normas vigentes o acuerdos exigibles.