EDITORIAL

Todo es poco para aflorar el fraude fiscal

Cuando el que fuera primer ministro italiano Romano Prodi pidió a la Iglesia católica que catalogase desde el púlpito como pecado el delito fiscal, demostraba tener más fe en la eficiencia del temor de Dios de los creyentes que en la Administración tributaria italiana, que no lograba por ningún medio terrenal reducir los elevados niveles de economía sumergida y elusión fiscal que se dan tradicionalmente por válidos en la economía transalpina. Pero en España las dimensiones no deben ser muy diferentes, a juzgar por la evolución de las variables económicas, aunque cualquier cálculo que se ponga en circulación es un voluntarismo no definitivo. El Instituto de Estudios Fiscales ha elaborado una encuesta en la que uno de cada tres contribuyentes españoles justifica la elusión fiscal como mecanismo de ayuda para sortear dificultades económicas. Y aunque sólo sea como percepción general, un 80% de los españoles estima que "hay mucho" fraude fiscal, aunque a la hora de la verdad sólo unos pocos (un 6%) reconocen acudir a mecanismos irregulares para adquirir bienes o servicios. En países nórdicos, que transmiten una imagen de mayor rigor fiscal, la proporción de la población que admite tal posibilidad puede acercarse al 27%.

En España, el último cálculo oficioso de la dimensión de la economía sumergida data de los primeros años de esta década, y no superaba el 22%, según fuentes de Bruselas. Y en parecidos términos se expresó recientemente el ministro de Trabajo, aunque su aportación fue rechazada por la titular de Economía y Hacienda. Lo que es evidente es que mientras en 2009 el PIB nominal sólo ha descendido un 3,5%, los ingresos por IVA lo han hecho en un 30%, como consecuencia en parte de la paralización de la actividad inmobiliaria, que movilizaba bases imponibles muy considerables, pero sobre todo de la ocultación de millones de transacciones comerciales de bienes y servicios.

Un Gobierno nunca cuantifica la economía sumergida, porque, si la conoce, es su obligación perseguirla. Eso es lo que pretende ahora con una extensión del tradicional programa de lucha contra el fraude fiscal, y con el que únicamente espera recaudar unos 1.000 millones de euros adicionales en 2013, sólo una décima del PIB. La economía sumergida en teoría define a todas las actividades que escapan al control de Hacienda, la Seguridad Social y demás autoridades recaudadoras. Pero una buena cantidad de negocios que no están sumergidos sí eluden voluntariamente sus obligaciones fiscales o laborales por muy diversas razones. La primera es claramente delictiva, y se concentra en esquivar el abono íntegro de sus obligaciones fiscales como regla general.

Pero hay un colectivo creciente de agentes económicos que modifican su comportamiento fiscal en función de los niveles de presión impositiva, y que utilizan, por tanto, la elusión fiscal como parte del margen de su negocio. Si el primero puede ser estructural e incluso manifestarse en etapas de fuerte crecimiento económico, el uso del margen fiscal como margen del negocio es más común y creciente en etapas de crisis. De hecho, hay expertos que consideran que el aumento del impuesto sobre el valor añadido de julio próximo únicamente elevará los niveles de fraude en el impuesto como mecanismo para retener demanda y márgenes en las operaciones, especialmente en los casos de prestación de servicios. Los propios inspectores de Hacienda reclaman cambios radicales en el sistema de módulos y una aplicación rigurosa de los mecanismos de control del IVA para elevar la recaudación, en vez de elevar el impuesto. En concreto, estiman que reforzar el control sobre el IVA puede proporcionar unos 13.000 millones de euros al año, mientras que elevar el tipo en dos puntos no supondrá más de 5.000 millones para la Hacienda.

La caja del Estado no está para jugar con los ingresos. La dimensión alcanzada por el déficit aconseja su reducción cuanto antes y por todas las vías posibles, tanto en gastos como en ingresos. Las 60 medidas planteadas por Elena Salgado para buscar ingresos ocultos en irregularidades comunes no van a resolver el problema. Pero todo lo que sea tensar los mecanismos ejecutivos de cobro y la conciencia solidaria de cumplimiento con las obligaciones fiscales de los contribuyentes debe ser ensayado. Ahora y cuando la crisis se haya superado.