La oposición apoya la bajada del IVA para rehabilitación de viviendas
El principal partido de la oposición va a obligar al Gobierno a jugar en varias pistas con su plan para salir de la crisis. El martes se votará en el Congreso la reducción del IVA a todos los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería y el próximo día 26 se debatirá la rebaja de los plazos de pago para administraciones públicas y grandes empresas.
Al PP y a la mayoría de los grupos de oposición no les parecen malas las iniciativas anunciadas el lunes por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para fomentar la rehabilitación de viviendas, cambiar la ley de Morosidad y facilitar que el Instituto de Crédito Oficial pueda conceder créditos directamente a las pequeñas y las medianas empresas. Pero no ven razón alguna para retrasar su aplicación dos meses como pretende el Gobierno.
El PP ha tomado la delantera y el próximo martes someterá al pleno del Congreso la votación de una proposición de ley en la que solicita la aplicación del IVA reducido, el 8% a partir de julio, a todos los servicios de fontanería, pintura, electricidad y carpintería que pueden contribuir a fomentar la rehabilitación de viviendas y edificios. Este tratamiento se aplica de momento sólo a los servicios de albañilería. Esta idea que ahora rescata Economía de propuestas que fueron defendidas por el PP y CiU fue vetada por el Gobierno en el debate de los Presupuestos estatales para 2010 con el argumento de que distorsionaba el capítulo de ingresos. Ahora, el Gobierno defiende que con estas ayudas y otros beneficios fiscales en forma de deducciones en el IRPF se podrán crear 350.000 empleos en dos años.
"No hay tiempo que perder, si el Gobierno quiere reducir el IVA para fomentar la rehabilitación y extender el concepto de ésta, que el PSOE vote nuestra proposición de ley", comentó ayer la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde Soria, avaló este mismo planteamiento el líder del PP, Mariano Rajoy, quien emplazó al Ejecutivo a trasladar con urgencia al Congreso las principales medidas anunciadas el lunes por Salgado ya que responden, en buena medida, a iniciativas defendidas por su partido en la Cámara Baja en los últimos meses. No obstante, Rajoy hizo hincapié en que el documento presentado por el Gobierno no recoge algunas de las reformas estructurales "que España necesita para salir de la crisis, entre ellas la del mercado laboral".
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, también defendió las medidas expuestas por Salgado para fomentar la rehabilitación. Pero hizo hincapié en la urgencia de cambiar la ley de Morosidad para rebajar a 30 días el plazo máximo de pago a sus proveedores por parte de las administraciones públicas y a 60 en el caso de las grandes empresas. CiU tampoco encuentra motivos para retrasar su aplicación dos meses, tal y como pretende el Gobierno.
Geometría variable
Por el palacio de Zurbano desfilarán hoy también CiU, PNV y ERC. En el PSOE se reconoce que la intención del Gobierno es asentar la colaboración con nacionalistas vascos y catalanes para ampliar la denominada "geometría variable".
El PP solicita una actualización de los balances de las empresas
Entre las propuestas que el PP tiene previsto ofrecer hoy al Gobierno para que se discutan figura una nueva actualización de balances, "lo que permitiría un saneamiento de las empresas más endeudadas".El partido plantea también una reducción permanente de dos puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social, una reducción también permanente de cinco puntos en el tipo impositivo del impuesto de sociedades para el caso de las pymes, y en el IRPF en el caso de los autónomos. Considera necesario también un tipo superreducido del 4% para las actividades turísticas. El PP aboga por derogar las subidas aprobadas para este año, del IVA y de la imposición del ahorro en el IRPF. En materia financiera, propone que se vincule las ayudas del FROB al saneamiento del balance de las instituciones, sacando al mercado el stock de vivienda acumulado. De igual forma solicita que los balances empresariales y bancarios reflejen fielmente el valor de los activos. Para ello "debería aumentarse la provisión de la cartera de inmuebles de las entidades financieras al 30%, estableciendo un tiempo lo más breve posible desde su adquisición, para hacer obligatoria tal provisión".