EDITORIAL

Medidas para entrar en vigor de inmediato

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, presentó ayer públicamente el documento base para negociar con la oposición un gran pacto económico que acelere la salida de la crisis y siente las bases del nuevo modelo económico. Sin embargo, el programa presentado por la responsable del área económica del Gobierno se asemeja más a un nuevo plan anticrisis que a un documento para buscar consensos de futuro, para lo que mañana se inician los contactos con el PP. Salgado desgranó una batería de medidas inconexas entre sí, buena parte de las cuales son propuestas anteriores que siguen sin estar aprobadas, como parte del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Algunas de las novedades conocidas ayer, sin embargo, merecen reconocimiento porque apuntan en la buena dirección. Especialmente interesantes son las modificaciones que se van a aplicar en el ICO, con el loable objetivo de reactivar un crédito al pequeño tejido productivo que no termina de normalizarse. Un eslabón que mientras siga dañado impedirá la recuperación. Con tal fin, el organismo financiero público podrá conceder préstamos directos a las pymes y los autónomos, con un máximo de 200.000 euros, sin depender de las entidades financieras privadas. De hecho, el Gobierno convocará un concurso para elegir una sola entidad financiera de ámbito estatal que comercializará esos préstamos públicos y por la que recibirá una contraprestación. Pero las decisión de a quién se concede o se deniega quedará en manos del organismo estatal, que asumirá en contrapartida completamente la cobertura del riesgo.

Otra interesante novedad de ayer viene de la mano de la composición del nuevo mix de energía que abastecerá al país en 2020. En consonancia con la política del Ejecutivo, la principal característica es el aumento de las renovables. Por contra, pierden peso fuentes como la nuclear o los combustibles fósiles. Esta previsión está en línea con la filosofía expresada reiteradamente por el Gobierno, pero habrá que esperar unos meses para conocer las subvenciones a las renovables y, por tanto, valorar si el coste del futuro modelo es el adecuado para sustentar el nuevo tejido productivo que tanto se demanda. Es seguro, y deseable, que reduzcan los apoyos públicos, lo que exigirá la mejora de la eficiencia económica y energética de las energías sostenibles.

El tercer bloque de novedades estriba en la incentivación fiscal a la rehabilitación de viviendas, cuyo fin último, según explicó Salgado, es la creación de empleo. Hasta 350.000 trabajadores podrían beneficiarse de los planes explicados, según sus redactores. Para ello, se permite la aplicación del IVA reducido no sólo, como se decidió inicialmente, a las obras que busquen la eficiencia energética, sino a cualquier reforma en los pisos. La medida, que es meramente de choque, acierta al querer generar actividad en un sector con el empleo depauperado, como la construcción.

La ampliación a cualquier tipo de obra parece, no obstante, más bien un ajuste técnico. Porque se antojaba imposible que el personal de Hacienda pudiera investigar y controlar qué obra buscaba la eficiencia energética y cuál era una simple reforma. Más interesante es la decisión de desgravar en el IRPF las obras en la vivienda, la única manera de atajar el fraude en un sector donde es demasiado corriente no facturar el IVA. En definitiva, esos servicios podrán pasar a estar controlados por el fisco ante la exigencia de los clientes de contar con facturas para descontarse parte en el IRPF.

Las conocidas ayer son disposiciones acertadas en su mayoría, pero muy lejos de las reformas que necesita la economía a corto, medio y largo plazo. En definitiva, muchas de las medidas presentadas ayer por el Gobierno pueden plasmarse en una norma legal y ser remitidas al Parlamento con urgencia.

Un gran pacto, como pretende acertadamente el Gobierno, debe centrarse en materias de calado que precisen realmente del acuerdo político. La reforma laboral es la principal, y su ausencia en el documento de ayer desdice la voluntad de diálogo del Gobierno. Otras, como la política industrial o el mix energético presentes en el documento entran dentro de la categoría de negociación. Pero ni los plazos que ha presentado el Gobierno ni el temario permiten avivar esperanzas de un gran acuerdo.