EDITORIAL

Control del gasto autonómico

De cada cien euros que gastan las Administraciones, 37 caen del lado de las comunidades autónomas. Obviamente, la descentralización pública en España exige compartir no sólo los gastos, sino también la responsabilidad que conllevan. Bajo esta premisa, el Gobierno ha comunicado a las Consejerías regionales de Economía y Hacienda la intención de endurecer su control sobre el uso que hacen de los fondos públicos. Con toda seguridad, la propuesta será recibida con disgusto. Sin embargo, corresponde al Gobierno central garantizar que España cumple con los compromisos comunitarios de reducción el déficit al 3% en 2013. Así pues, la decisión de un mayor control gubernamental queda justificada. En definitiva, cada quién debe cumplir con su obligación. La del Gobierno es reducir el déficit y la de las comunidades autónomas es gastar con mesura, eficacia y ajustándose a la realidad. Y en estos momentos, ningún administrador puede rebelarse ante la austeridad que se les exige.

Entre las medidas que baraja el Gobierno se incluye la de reducir las transferencias a aquellas Administraciones autonómicas que no cumplan con los controles. Es deseable que no haya que llegar a estos extremos, y que cada quién sea consciente de su responsabilidad. Pero, aun así, el mecanismo no está de más.