El saneamiento fiscal, a debate

Economía fiscalizará los gastos de las comunidades cada tres meses

El Ministerio de Economía ha enviado a las comunidades autónomas una "propuesta de acuerdo" para reducir el déficit público hasta 2013 e incrementar el control sobre las cuentas regionales. El Gobierno quiere obligar a las comunidades a remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera un informe trimestral sobre el pago a proveedores y un estudio anual detallado de los gastos realizados y pendientes del presupuesto de cada ejercicio.

La propuesta que elGobierno ha remitido a las comunidades autónomas -a la que ha tenido acceso CincoDías - establece lasmedidas que deberían aplicar los territorios para contribuir a rebajar el déficit al 3% en 2013. Actualmente se encuentra en el 11,4%. El plan del Ejecutivo central, que será debatido en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera -para el que aún no hay fecha-, contempla nuevas obligaciones para las regiones. Por ejemplo, insta a las comunidades a comprometerse en "aplicar una política de contención de los gastos de personal", restringir la oferta de empleo público y racionalizar los recursos humanos.

Además, requiere que los Ejecutivos autonómicos informen trimestralmente del cumplimiento de sus obligaciones de pago. Es decir, deberán indicar el número y cuantía total de las facturas impagadas. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluye la obligación de que el sector público reduzca paulatinamente el periodo de abono de sus deudas con los proveedores hasta los 30 días como máximo en 2013.

Por otro lado, el Gobierno pretende que las autonomías ofrezcan más información en los datos contables que anualmente remiten al Consejo de Política Fiscal. Así, cada comunidad deberá especificar la totalidad de los gastos realizados y "pondrá de manifiesto el importe del saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo final de los gastos pendientes de aplicar al Presupuesto".

ElMinisterio de Economía ha instado a reducir el gasto público total en 50.000 millones de euros hasta 2013 y reclama que las comunidades contribuyan con 10.000 millones. El Gobierno sólo necesita el voto favorable de una comunidad para aprobar su propuesta en el Consejo de Política Fiscal, sin embargo, fuentes de Economía apuntan que pretenden alcanzar un apoyo unánime. En cualquier caso, en el último párrafo del acuerdo remitido a las comunidades aparece un aviso para navegantes: "El Gobierno de España tendrá en cuenta el cumplimiento de la senda de reducción del déficit (...) para graduar las transferencias a las comunidades autónomas efectuadas en los Presupuestos Generales del Estado que no vengan determinadas por normas vigentes". Es decir, el Gobierno no puede determinar arbitrariamente los recursos destinados a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, en otras partidas -vivienda o justicia, entre otras- sí que tiene libertad para dar o quitar transferencias y, por lo tanto, presionar a los Ejecutivos autonómicos para que se comprometan a rebajar los número rojos actuales.

Sin las autonomías, llegar al 3% resulta imposible

Cuando la Comisión Europea o los inversores internacionales se fijan en el déficit público de España no distinguen entre entes territoriales. Tienen en cuenta simplemente que los números rojos superan el 11% del PIB y no se preguntan si esa cifra corresponde a la Administración central, autonómica o local. En este sentido, el Gobierno defiende que el esfuerzo de reducción del déficit debe ser compartido, sobre todo con las comunidades.

Según las previsiones del Gobierno, en 2011, el déficit autonómico superará la suma de los números rojos de la Administración central y de los municipios. Y, en los próximos años, mientras que el saldo fiscal negativo se reducirá en el Estado central, en las comunidades se incrementará.

Los Ejecutivo autonómicos justifican que por la naturaleza de las competencias que gestionan -sanidad, educación y servicios sociales- les resulta mucho más difícil que al Estado central rebajar el gasto. Es más, debido al crecimiento de la población y al envejecimiento, deben incrementar su presupuesto.

En cualquier caso, la intervención de las comunidades autónomas resulta necesaria para que en 2013 se alcance un déficit del 3%. Y aunque el Gobierno logre comprometer a las comunidades en ese empeño, existen dudas más que razonables sobre su éxito. "Bajaremos el déficit al 3%. Ya lo hemos hecho otras veces", asegura el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Es verdad que lo han hecho, sin embargo, nunca España se encontró en la encrucijada de reducir ocho puntos de déficit en sólo cuatro años. Es más, nunca el sector público había registrado, con la excepción de este 2009, un déficit superior al 8%.