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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La economía necesita las reformas ahora

La economía española recibió ayer un triple baño de realidad. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que se quedará muy rezagada en la recuperación mundial, colocándose como la única de las grandes que este año seguirá en recesión. Calcula que el PIB español caerá un 0,6% este año y aumentará sólo nueve décimas el próximo. Por contra, ha elevado las previsiones para todos los grandes países, que claramente abandonan los números rojos. El Gobierno reaccionó de forma dispar. La vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a negar la mayor, considerando que el organismo internacional suele patinar con sus pronósticos, lo que no es del todo incierto. La segunda, Elena Salgado, fue más condescendiente y consideró que las reformas que el Ejecutivo va a poner en marcha conseguirán minimizar los dramáticos augurios del FMI.

El segundo baño lo impusieron los mercados de deuda soberana que ayer castigaron al bono español a 10 años con una prima de riesgo desconocida desde hace varios meses, con un tipo un 25% por encima del alemán. Y, como muestra del deterioro de la imagen de la economía española, el diferencial del rendimiento de los bonos italianos mejoró al español por primera vez desde que arrancó el euro, pese a que la deuda italiana equivale a 115% de su PIB frente a un endeudamiento público español del 54% del producto. Sencillamente, los inversores no parecen tener la misma fe en las reformas del Gobierno español que Elena Salgado, y prestan más credibilidad a las previsiones del FMI. Tras varias semanas de castigo a la deuda griega, los grandes operadores, con el informe del FMI sobre la mesa, consideran que si no se crece y no se crea empleo, si persiste la penuria de ingresos y la avalancha de gastos, España difícilmente podrá cumplir los objetivos fiscales prometidos.

Tanto el FMI como el Banco de España insistieron en que ha llegado ya la hora de las reformas; que no es admisible ni un solo día de demora. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a modo de tercer baño de realidad, insistió en la necesidad de acometer cambios estructurales ineludibles si queremos sanear el modelo productivo. Y presentó recetas sencillas en la argumentación, aunque muy realistas. Eso sí, suponen un coste político que el Gobierno hasta ahora no ha estado dispuesto a afrontar.

El supervisor del sistema financiero español reiteró las dos grandes transformaciones que deben acometerse -la laboral y la del gasto público- a lo que debe sumarse el saneamiento del sistema financiero, sobre todo las cajas, que se está demorando más de lo recomendable. La reforma laboral es la piedra angular de la que depende el cambio de modelo, ese que no se va a conseguir mediante una ley por mucho consenso político que suscite. La persistencia durante una larga temporada (años y no meses) de tasas de paro muy elevadas arroja una alargada y tenebrosa sombra tanto sobre las cuentas públicas (se gasta mucho y se ingresa poco) como sobre el sistema financiero (se dispara la mora y se hunde la demanda de crédito solvente). Por tanto, reformar el mercado laboral es algo más que realinear las bonificaciones al empleo cargando las tintas en los jóvenes, retocar el contrato a tiempo parcial y poner balizas para detectar el absentismo. Contratos, despido, determinación de salarios, formación, movilidad interna, cambios en los convenios y control de costes deben afrontarse sin remilgos ideológicos.

Fernández Ordóñez exige también una revolución en la estructura del gasto público si se quiere ofrecer una idea fiel de que se controlará el déficit. Y aquí no basta la voluntad del Gobierno: tienen que someterse a idéntico criterio y sacrificio los Ejecutivos autonómicos. Como deben admitir un proceso de concentración bancario riguroso para devolver al sistema financiero la solvencia que tuvo en el pasado y convertirse en un motor activo de la recuperación. Lo hecho hasta ahora en fusiones de cajas son pequeños pasos, muchos defensivos, para mantener el control territorial de las entidades de ahorro. Hay que dar pasos más largos, aunque sea ejerciendo esa autoridad que Ordóñez dice tener para hacer lo que conviene al país. Si quiere que el proceso sea corto en tiempo y largo en resultados ha de ejercer tal poder. Si no lo hace, habrá que esperar. Y cada vez queda menos tiempo.

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