El cementerio se pagará con los fondos recaudados por Enresa

El grupo público gestiona 2.400 millones para desmantelamientos

En 2006, una comisión interministerial nombrada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que, después recibiría el visto bueno del Congreso. El proyecto obtuvo el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, incluidos algunos, como ERC, que hoy se oponen frontalmente a que se instale en su región, y fue promovido por el entonces ministro de Industria y hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla.

El ATC se sufragará con los fondos que recauda y gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y que superan ya los de 2.400 millones de euros. Este fondo público procede de la partida de la tarifa eléctrica que, durante años pagaron los consumidores en el recibo de la luz, y cuyo destino era el futuro desmantelamiento de las centrales y a la gestión de los residuos radiactivos.

A partir de 2005, el Gobierno decidió que estas cantidades debían ser sufragadas directamente por las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares, si bien, se consideran un coste que la ley les reconoce a la hora de fijar la tarifa.

El capital para gestionar los residuos fue aportado durante años por los consumidores

España ya tiene experiencia en el desmantelamiento de una central, la de Vandellós I, y faltaba por resolver el problema de los residuos radiactivos más peligrosos. Los de media y baja actividad se guardan en El Cabril, el único cementerio nuclear, propiedad de Enresa, que puso en marcha el gobierno socialista de Felipe González. Ubicado en la provincia de Córdoba, la Junta de Andalucía decidió hace unos años cobrarle un impuesto autonómico.

Si logra arrancar, el ATC de la discordia deberá albergar el combustible gastado de los reactores (6.500 toneladas se almacenarían, según el proyecto), que se considera un residuo de alta actividad. Además, tendrá que albergar los desechos que, tras el cierre en 1989 de Vandellós I (de antigua tecnología francesa), se enviaron a Francia para el reprocesamiento del uranio.

Según ha podido conocer CincoDías, el contrato firmado con Francia, que está en manos del Gobierno, señala que España debe recuperar estos residuos antes del 1 de enero de 2011. Si no es así, y todo indica que lo será pues, como poco, el ATC no comenzaría a funcionar antes de cinco años, Francia cobrará un aval de 20 millones al año, que devolverá cuando se haga cargo de la mercancía radiactiva y sólo cobrará el coste del almacenamiento: un millón de euros por año.

Un poco tarde

Para algunas voces críticas, el Gobierno ha tardado demasiado en sacar a concurso el ATC (el 29 de diciembre pasado), pues, amén de la urgencia de recuperar los desechos de las plantas ya desmanteladas (Vandellós I); las que están en fase de desmantelamiento (Zorita) y las que tienen los días contados (como Garoña, que cierra en 2012), las piscinas de las instalaciones en funcionamiento están a punto de llenarse. En el caso de Zorita, los residuos están al aire libre, sobre una base de hormigón que evita filtraciones subterráneas.

Además, el concurso, añaden los críticos, se ha convocado en un año en que se celebran elecciones en la comunidad que más posibilidades tenía de albergar el ATC. De hecho, fuentes solventes aseguran que los dos principales partidos, el PSC y CiU, junto con el PP, habían sellado un pacto de silencio para favorecer la candidatura de Ascó. El pacto acaba de saltar por los aires.

¿Cómo será el Almacén Temporal Centralizado?

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos y combustible gastado ocupará unas 13 hectáreas. A él se sumará un centro tecnológico que abarcará otras cinco hectáreas.El Ministerio de Industria planea que el ATC esté preparado para el almacenamiento en seco durante un periodo de 60 años. Para ello, utilizará tecnología de bóvedas y naves de hormigón.La inversión prevista para la construcción del ATC será de 700 millones de euros. En la primera fase generará 300 empleos con un algún pico de hasta 500.El almacén tendrá una estructura integral de unos 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto. Los conductos de salida de aire de los edificios de almacenamiento alcanzarán una altura de 45 metros respecto al nivel del suelo.La construcción se hará en tres fases. La primera comprenderá la preparación del terreno y la construcción del primer edificio de almacenamiento de cuatro bóvedas, así como el centro tecnológico. Esta fase durará unos cinco años. En la segunda, que abarcará seis años, se construirá un edificio de almacenamiento adyacente. En la última fase se levantará un tercer almacén, previsto para 14 años después del inicio de la explotación.