TRIBUNA

La necesaria reestructuración del sector financiero español

El sector financiero se enfrenta a un entorno muy complicado marcado por el cambio de ciclo que comenzó en el verano de 2007. El sistema financiero español partía de una situación relativamente sólida gracias, en parte, a la supervisión prudencial del Banco de España con la implantación en 2000 de un sistema de provisiones dinámicas. Además, las limitaciones establecidas a los activos que se pueden sacar fuera del balance contribuyó a que no se desarrollaran vehículos con activos de baja calidad, tal y como ha sucedido en otros sistemas, de manera que no existía una exposición directa a la subprime.

Sin embargo, en una economía como la española, fuertemente dependiente de la financiación exterior y con un importante peso del sector inmobiliario, la crisis financiera internacional ha tenido un impacto muy rápido, fundamentalmente por la vía del deterioro del crecimiento y del fuerte incremento del desempleo. Algunos de los desequilibrios que se habían acumulado durante la fase alcista del ciclo (aumento en los precios de la vivienda superiores al 10% de media anual durante más de cinco años; endeudamiento de familias y empresas por encima del 200% del PIB; déficit exterior cercano al 10% del PIB) permiten explicar la brusquedad de este deterioro. Esta situación macroeconómica ha tenido un impacto directo en el sistema bancario español, dando lugar a un aumento de la morosidad hasta el 4,5% en abril, a una menor demanda del crédito por parte de los clientes y a una mayor cautela por parte de las entidades en la concesión del mismo.

A corto plazo, el gran reto al que nos enfrentamos es lograr romper el círculo vicioso entre lo financiero y lo real que permita una estabilización. Pero en cualquier caso, parece evidente que una vez que se estabilicen los mercados, el sistema financiero no volverá al punto en el que se interrumpió su expansión. Los desequilibrios de la economía española y el proceso de desapalancamiento que está afectando a familias y empresas nos llevarán a unos niveles de endeudamiento más sostenibles en el medio plazo y, por tanto, a un sistema financiero de menor tamaño.

Este es el contexto en el que el Gobierno y el Banco de España han diseñado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un instrumento que debe necesariamente ser la herramienta financiera que contribuya a la reestructuración de nuestro sistema financiero. Sin entrar a analizar los detalles del FROB, es interesante reflexionar sobre algunos principios que resultan críticos para que el fondo cumpla su objetivo último de lograr un sistema bancario saneado y más eficiente.

En primer lugar, y aunque parezca una obviedad, las actuaciones del Fondo de Reestructuración deben ir dirigidas a aquellas entidades con problemas, evitándose el llamado manguerazo. Una recapitalización pública indiscriminada mandaría una señal incorrecta sobre la solvencia del sistema financiero español, al tiempo que supondría una utilización ineficiente de los recursos de los contribuyentes.

Otro elemento fundamental es que las ayudas no deben distorsionar la competencia. Las instituciones que las reciban deben estar sometidas a una estrecha vigilancia. No podemos permitirnos que el rescate de algunas entidades se produzca en detrimento del equilibrio competitivo que existe en el sistema financiero español y que, en gran medida, ha sido la base del sólido sistema de banca minorista existente en España.

Por otro lado, resulta más que deseable que, tanto el diseño del Fondo, como en su aplicación a situaciones concretas, se cuente con el mayor consenso político posible. La experiencia internacional en la gestión de crisis bancarias muestra cómo aquellos casos en los que las reformas se construyen desde el acuerdo político han resultado más exitosas a largo plazo y han redundado en menores costes para el contribuyente. El caso de Suecia en los años noventa es un buen ejemplo.

Finalmente, las actuaciones deben estar sujetas en todo momento a la máxima transparencia. Este principio debería afectar, entre otros aspectos, a la puesta a disposición de terceros de aquellos activos que resulten de intervenciones concretas.

El resultado último de las actuaciones del FROB debe ser un sistema financiero saneado y en el que se elimine el exceso de capacidad existente. Probablemente, esto se traducirá en una reducción en el número de jugadores, subsistiendo los más eficientes. El grado de éxito dependerá, entre otros factores, de que en la puesta en práctica del Fondo de Reestructuración se respeten estos principios.

Luis Maldonado. Director de Consultoría del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers