COLUMNA

En la UVI y secuestrada

El conjunto de datos que integran el cuadro clínico de la economía española es ciertamente de cuidado, como para aterrorizar a cualquier equipo médico. Para empezar, el enfermo muestra un encefalograma plano caracterizado por haber entrado hace varios trimestres en recesión -con descensos crecientes del PIB-, y con una preocupante deflación que certifica la atonía de sus constantes vitales.

Junto a lo anterior, el cuerpo se desangra social y financieramente con una hemorragia imparable en forma de evolución progresivamente creciente del desempleo, que a 31 de marzo ha alcanzado la tasa del 17,31% y superado la cifra de cuatro millones de desempleados.

A su vez, el organismo no es capaz de generar glóbulos rojos, pues el descenso vertiginoso de la recaudación tributaria mantiene vacías las arcas del Estado. En efecto, los ingresos tributarios en 2009 están siendo en términos homogéneos un 14% inferiores a los del ejercicio anterior y un 25% menores a los de 2007.

Por último, y como consecuencia del efecto conjunto de los datos expuestos, el enfermo se está quedando sin defensas y, perdido ya el superávit de las cuentas públicas, el déficit campa por sus respetos, estimándose que a final de año puede superar el 8%.

El panorama expuesto sitúa a la economía española en la UVI con coma inducido y necesitada de una operación urgente a corazón abierto para recomponer aquellos órganos seriamente dañados y en riesgo de necrosarse.

Sin embargo, y éste es el drama que se añade al anterior, nuestra economía es víctima de un secuestro que impide la aplicación de las medidas terapéuticas y quirúrgicas que exige la gravedad de su estado. De entre los varios ejemplos que podrían ilustrar lo anterior, nos centraremos en dos.

En primer lugar, los expertos, los institutos de estudio y los organismos internacionales vienen señalando cómo las rígidas condiciones que regulan el despido en España constituyen un significativo freno al proceso de contratación e inversión empresarial. Así, una regulación heredada de la dictadura franquista que no tiene comparación con el marco legal de los países de nuestro entorno constituye una de las principales causas de nuestro paro estructural.

Por este motivo, es imperiosamente urgente acometer una reforma laboral que flexibilice significativamente el despido y nos libere de la principal traba existente para la creación de empleo.

En segundo término, tanto los técnicos como instituciones tipo Banco de España o Comisión Europea han alertado sobre los peligros que acechan a nuestro sistema de pensiones públicas. æpermil;ste, también heredado del franquismo, mantiene el tosco, peligroso e injusto método de reparto. De ese modo, el futuro de nuestras pensiones responde a un suicida juego piramidal, en el que las percepciones de los jugadores más antiguos -pensionistas- dependen de la entrada progresiva de nuevos jugadores que alimenten el crecimiento de la base de la pirámide -trabajadores activos-. Es sabido que los juegos financieros piramidales acaban por romperse, y en ese sentido, todas las proyecciones existentes sobre la evolución de la población y del mercado laboral apuntan seriamente a la imposibilidad del sistema para mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones.

Por esta razón, es absolutamente urgente emprender la reforma del sistema de pensiones, introduciendo el modelo de capitalización, técnicamente más correcto, financieramente más solvente y personalmente más justo que el defectuoso y ancestral sistema de reparto.

Sin embargo, tanto la reforma del mercado laboral como la del sistema de pensiones públicas encuentran una feroz y radical oposición de los sindicatos. A partir de ahí, ambas resultan imposibles de realizar por la incomprensible e irresponsable autolimitación de los políticos españoles que, como en todo secuestro, sufren una especie de síndrome de Estocolmo que les empuja a evitar cualquier acción que pueda molestar a los secuestradores.

Así las cosas, España necesita que sus políticos se atrevan a cambiar las condiciones del secuestro que ahoga sus opciones de futuro. Resulta imprescindible limitar el poder sindical, moderando el conjunto de canonjías, prebendas, sinecuras, chantrías, momios y demás derechos abusivos que atesoran las burocracias y las cúpulas sindicales. Claro, que si nuestros políticos no se atreven a hacerlo, quizás los españoles deberíamos ser capaces de cambiar a nuestros políticos.

Ignacio Ruiz-Jarabo . Ex presidente de la SEPI y socio de CET-Consulting Tributario