¿Será realmente social el bono eléctrico?

Si Ud. gana sólo 700 euros al mes, tiene dos hijos y la potencia que tiene contratada es superior a 3 kW (con menos, le saltaría el automático dadas sus necesidades de consumo familiar), no se moleste en solicitarla: no tendrá Ud. derecho a la bonificación social que el Gobierno acaba de anunciar para la tarifa eléctrica. Ni siquiera si su cónyuge o uno de sus hijos esté en paro y sin cobrar la prestación por desempleo.

Eso sí, según la información proporcionada hasta ahora oficialmente, aunque Ud. disfrute de un excelente sueldo (pongamos, 4.000 euros mensuales), pero tiene tres hijos, ¡enhorabuena!, tendrá una bonificación en el recibo de la luz. ¿Cómo? Mediante la congelación hasta el año 2012 de cualquier subida de la nueva tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que entrará en vigor el 1 de julio. Podría darse la circunstancia de que la primera persona antes aludida fuese empleada del hogar de la segunda.

También se beneficiarán quienes tengan a todos sus miembros en paro, aunque reciban la más alta prestación por desempleo. Pero, ¡lástima!, con uno solo que no lo esté, aunque sus ingresos sean ínfimos o nulos, se acabó el beneficio social. Por el contrario, a quienes, al margen de su renta (por ejemplo, solteros que viven solos) tengan menos de 3 kW, también les tocará el bono. Igualmente, y esto parece más equitativo, lo disfrutarán los perceptores de una pensión mínima.

Pero, ¿si fueran dos los pensionistas en una misma vivienda ya no disfrutarán del nuevo derecho? Este es uno de los interrogantes que planea sobre el misterioso real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el jueves pasado, pero cuyo contenido desconocen incluso altos cargos del Ministerio de Industria.

El hecho de que la bonificación social que el departamento que dirige Miguel Sebastián venía preparando desde hacía varios meses no estuviese ligada al nivel de renta y el consumo de los clientes era una amenaza que parece haberse cumplido. Además, el fracaso de la actual tarifa social, ligada sólo al consumo, era una experiencia a tener en cuenta.

Con todo, el Gobierno, según se desprende de la nota de prensa publicada el jueves, ha vuelto a separar de la renta el descuento que se hará a ciertos consumidores (según Industria, cinco millones sobre un total de 24 millones) en la factura eléctrica. Así, como se ha indicado anteriormente, disfrutarán de él los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada; las familias numerosa; las que tengan a todos sus miembros en paro y quienes perciban una pensión mínima.

Habrá que esperar, no obstante, a conocer el texto definitivo, cuando el Gobierno tenga a bien publicarlo en el BOE. Los partidarios de ligar el bono social a la renta no pierden la esperanza de que sea así, pese a la clasificación por colectivos anunciada.

Algunas fuentes aseguran que el real decreto ley de medidas energéticas para frenar el déficit de tarifa llegó al Consejo de Ministros sin la redacción final y que no se ha publicado en el boletín oficial porque le faltan flecos por cerrar. Entre ellos, la polémica derogación del real decreto que resta a las eléctricas los ingresos extras que se anotan por trasladar al precio de la electricidad los derechos de CO2 gratuito. Un real decreto ley éste que supuso la minoración de más de 1.000 millones a las cuatro grandes eléctricas sobre los ingresos del ejercicio de 2006 y que fue aprobado en el Parlamento sin la oposición de ninguno de los grupos políticos. Otras fuentes, aseguran que el remate del texto ha encallado en Economía, en parte también por el polémico registro de preasignación de renovables y cogeneración que incluye.

De momento, se ha anunciado que la citada bonificación social se aplicará sólo hasta 2012, pues forma parte de un acuerdo sellado con las eléctricas para acabar con el déficit de tarifa, que se marcó esa fecha como objetivo. La idea, por tanto, sería inmunizar a ciertos colectivos de ciudadanos contra fuertes subidas de la tarifa eléctrica (a partir de julio la nueva será aditiva, esto es, deberá recoger todos los costes) hasta ese año, para evitar que se generen nuevos déficit. Por tanto, se trata de un sistema de descuentos para colectivos necesitados que dejaría fuera a otros más necesitados aún, y que, para colmo, serán penalizados con las subidas tarifarias.

El Gobierno ha asegurado que las eléctricas asumirán el coste del bono social, peo se desconoce en qué cuantía. Teniendo en cuenta que las compañías pedían contraprestaciones a cambio, de que se derogara el real decreto sobre el CO2, ¿se conformarán sólo con el aval del Estado que han conseguido para los 6.500 millones de déficit de tarifa sin titulizar?

El aval era la reivindicación que con mayor urgencia reclamaban las compañías que financian el déficit: Endesa, Iberdrola (éstas en casi un 80%), Unión Fenosa-Gas Natural e Hidrocantábrico. Pero el verdadero caballo de batalla era la desaparición de la minoración por el CO2, y, al ser una norma con rango de ley, querían aprovechar el nuevo real decreto ley escoba de medidas energéticas para acabar con ella.

El silencio más absoluto reina en las empresas sobre el asunto y dicen desconocer si el texto que debe ir al Congreso incluye o no esta derogación. Ciertas versiones aseguran que sí, pero nadie se atreve a confirmarlo con certeza. La patronal Unesa dice estar contenta pero resignada, lo cual se presta a múltiples interpretaciones.

Por el momento, las empresas ya saben que recibirán un aval del Estado de hasta 10.000 millones de euros, lo que permitirá (así se espera) que los bancos se animen a comprar la deuda del déficit sin titulizar que han contraído los consumidores con las eléctricas. En este punto planea otra duda: si el Gobierno avala a las eléctricas (lo que podría interpretarse como una ayuda de Estado, en línea con la denuncia interpuesta por Centrica en el Tribunal de la UE) o a los acreedores de la deuda, que son los consumidores.