EDITORIAL

La mejor política social es recolocar parados

A nadie le puede sorprender que la partida para pagar las prestaciones de los desempleados se haya disparado. De momento, el Gobierno tiene apartados en los Presupuestos Generales 30.000 millones de euros para tal menester. Pero todo apunta a que la previsión se quedará corta. En febrero había registrados 3,6 millones de parados en las oficinas del Servicio Público de Empleo (de los que 1,1 millones no cobra ni prestación ni subsidio) con un coste mensual para el erario de 2.600 millones. Desgraciadamente, todo apunta a que el volumen de desempleados seguirá creciendo, por lo que no se debe descartar que la partida roce pronto los 3.000 millones al mes.

Sin embargo, a pesar de tan abultada factura, el Gobierno, con su presidente a la cabeza, descarta recortes en las prestaciones o los subsidios, lo que exigiría reformas legales y movilizaría, con toda seguridad, a los sindicatos. Muy al contrario, hay conversaciones con las comunidades autónomas para alargar los ingresos para aquellos trabajadores que hayan agotado todos los derechos actuales. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, calcula que hay 300.000 hogares con todos sus miembros en paro y sin ningún tipo de ayuda pública.

El gasto en prestaciones por desempleo está sobradamente justificado. No en vano es uno de los pilares del Estado de bienestar europeo. En primer lugar, suaviza el drama de millones de trabajadores cuyo único ingreso se limita a su nómina. Pero, además, su efecto económico es indudable, pues apuntala el consumo que con más de cuatro millones de parados sufriría todavía un mayor desgaste.

Hasta aquí de acuerdo con el Gobierno en referencia a las políticas pasivas de empleo. Sin embargo, chirría cuando se analizan los fondos dedicados al fomento del empleo y la recolocación de los parados (básicamente políticas activas, formación y bonificación a la contratación). Por cada cuatro euros que se destinan a pagar prestaciones, sólo se emplea uno a esta función. En momentos en los que escasean las ofertas de trabajo y los trabajadores no tienen opciones de colocación, ser cicatero en estas partidas es un error imperdonable.

La formación a los desempleados se convierte en un instrumento imprescindible para acometer con éxito ese cambio de modelo tan necesario en nuestra economía. La mano de obra empleada en la construcción de vivienda u otros sectores dañados por la crisis tendrá una difícil salida en los próximos años, por lo que su mejor opción es prepararse para trabajar en nichos con futuro a corto, pero también a medio plazo. Los 1.500 orientadores contratados por el Gobierno -y renovados por dos años más- tienen la misión de convencerlos. Pero para ello es imprescindible, primero, haber detectado esos nichos y, segundo, contar con un sistema formativo eficiente. Porque la solución no está en ofertar más cursos, sino en cambiar el modelo. Y, por supuesto, para todo ello se necesita dinero. Actualmente, los fondos destinados a la formación se recaudan de las cuotas que pagan empleados y empleadores cada mes. El Estado no aporta nada. Para abonar las prestaciones del paro, el Gobierno aportará unos 12.000 millones de euros extra a través de los Presupuestos Generales del Estado -es decir, con los impuestos de los españoles o con emisiones de deuda pública-. Entonces, no se comprende que no aporte más financiación para colocar parados. Quizá incluso acabe suponiendo un ahorro para el Estado.

Pero esta necesidad de fondos no implica que los facilite el Gobierno. Al menos en exclusiva. Las comunidades autónomas tienen transferidas las políticas activas de empleo, por lo que la responsabilidad de mejorarlas recae directamente sobre ellas. Si la financiación con las cuotas de formación no es suficiente, deberán abordar fórmulas para obtener el dinero necesario. Gobierno central y regionales están abocados a pactar un plan que incluya, además de la formación, posibles bonificaciones para la contratación en determinadas circunstancias. Y la financiación tendría que ser compartida.

Desde estas mismas páginas hemos insistido en que la mejor política social, la mejor política para acabar con el paro es la creación de empleo. Es económicamente más rentable y socialmente mucho más gratificante. No obstante, poco se ha avanzando en este camino, lo que resulta sorprendente a la vez que preocupante.