EDITORIAL

Reformas pendientes de las pensiones

Una vez más, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se aventuró ayer a denunciar los desajustes de la economía española. Cumplió su trabajo. Su papel de conciencia, por molesto que resulte al Gobierno, la oposición o los agentes sociales, es imprescindible. Ayer le tocó el turno a la Seguridad Social, materia que como se encargó de recordar, no es competencia del Banco de España.

Sin embargo, el Congreso le convocó para comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo, a la que acudió para decir a sus señorías que no deben dejarse confundir: la situación real de la Seguridad Social no está en el superávit de los últimos años -que puede desaparecer este año por su rápido deterioro- ni en el previsible empeoramiento de su situación financiera en los próximos ejercicios. Posiblemente se encuentre en medio de ambos extremos. En cualquier caso, señaló que subsisten serios problemas relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema. Y ésa es una tarea que exige una respuesta inmediata.

Muchas son las reformas estructurales que están todavía pendientes, pero las relacionadas con el mundo laboral parecen endémicas. La Seguridad Social es el mejor ejemplo, ya que aunque las fuerzas políticas fueron capaces de establecer hace trece años un gran pacto en Toledo para fijar las bases de su reforma, todavía faltan por articular medidas concretas. Los pasos que se han dado no han sido al ritmo necesario, por lo que la advertencia de Fernández Ordóñez de que en 2025 el sistema puede entrar en déficit creciente, no debe ser tildada de alarmista. Los cambios han de ser rápidos, porque en una materia tan sensible exigen tiempo de maduración.

Gobierno y oposición están obligados a aprobar con tanta urgencia como consenso las reformas del Pacto de Toledo. Las medidas, básicamente, se centran en reducir el gasto en pensiones e incrementar los ingresos del sistema. Las fórmulas ya se han experimentado en otros países: retrasar la edad de jubilación, ampliar los años de cotización o profundizar en la separación de las fuentes de financiación son las más obvias.

La reforma de la Seguridad Social, sin embargo, no puede quedarse en un hecho aislado. El saneamiento del sistema social exige la mejora de las bases económicas y del modelo productivo español. Unas empresas más competitivas, que creen empleo estable, son la mejor receta para garantizar las pensiones del futuro.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha pedido un esfuerzo a los agentes sociales para acelerar el diálogo social. Lo suscribimos plenamente, porque lo hemos reclamado insistentemente. Pero esa demanda hay que hacerla extensiva al arco parlamentario, que debe pactar estas reformas. De momento, la Comisión del Pacto de Toledo está escuchando, pero los ciudadanos requieren algo más que oyentes en el Parlamento.