EDITORIAL

España precisa un servicio de empleo eficaz

El servicio público de empleo tarda sólo ocho días en reconocer la prestación por desempleo a los cotizantes que pierden su trabajo. Todo un logro de gestión dinámica. Y un nuevo servicio telemático que prepara el Ministerio de Trabajo para fin de mes, con una nueva web que integrará todos los servicios de empleo, acortará más aún el periodo de reconocimiento. De hecho, todas las gestiones que un ciudadano pueda precisar, salvo la formación presencial, podrán hacerse por internet. Pero estos avances encubren un desempeño más bien pobre del servicio público en las cuestiones que más preocupan a los desempleados y que más exigibles son cuando el paro se acerca a cuatro millones de personas.

Los funcionarios del antiguo Inem distribuyen prestaciones cada mes por valor de 2.500 millones de euros para más de 2,4 millones de personas, además de analizar detalladamente casi 700.000 solicitudes nuevas de seguro o subsidio. Pero tienen auténticas dificultades para cuadrar una oferta de empleo con una demanda. Sólo el 8% de las contrataciones que se hacen en España, y estamos hablando de casi diecisiete millones de contratos, están intermediadas por el servicio público. Además, sólo participan en el casado de ofertas de empleo genéricas y con menos cualificación profesional, mientras que el grueso de las colocaciones, las nominativas, vienen casadas desde el mercado: el empresario únicamente comunica a la ventanilla pública el nombre de quien quiere contratar.

Por tanto, es el mercado quien hace el trabajo de intermediación laboral. La identificación del trabajador al que se quiere contratar, las relaciones personales o la mediación cada vez más activa de las agencias privadas de colocación han desplazado la labor del servicio público, que se limita a contar parados, registrar renovaciones de la demanda y pagar prestaciones. De hecho, en 2008 más de medio millón de ofertas de empleo quedaron sin cubrir por falta de demanda o negligencia del sistema. Para esto no fue diseñado el Inem, y debe ser reformado integralmente para responder a la demanda de un mercado con creciente acumulación de desempleo y que debe ofrecer alternativas imaginativas en una economía que saldrá notablemente transformada de la crisis.

La descentralización de las políticas activas no ha sido una buena idea. Casi todos los responsables de Trabajo han denunciado la quiebra de la unidad del mercado laboral, con una segmentación geográfica de las ofertas y las demandas que no facilita la intermediación, y donde nueve de cada diez funcionarios se dedican a labores burocráticas. Sólo un millar de ellos de reciente contratación hacen labores de orientación para el empleo. Debe incrementarse tal colectivo, y reducir la burocracia que sustituye eficazmente internet, con incentivos por productividad para recuperar el terreno entregado a las agencias privadas y ofrecer una alternativa a los colectivos de difícil colocación.