EDITORIAL

Ajustes en la norma de VPO

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a colisionar con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, por la vivienda protegida. El Ejecutivo autonómico pretende que el Ministerio de Vivienda, que dirige Beatriz Corredor, dé marcha atrás y retire las medidas que endurecen la reventa de las viviendas de protección oficial (VPO). Según establece el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda, sólo los propietarios que hayan habitado al menos 30 años su piso subvencionado podrán revenderlo a precio de mercado. Mientras tanto se tendrán que conformar con los precios tasados, muy inferiores a los de promoción libre. Por contra, Esperanza Aguirre quiere regresar a la situación anterior y que a partir de los 15 años la vivienda pierda su condición de VPO a todos los efectos.

El Ejecutivo central replica, con razón, que los fondos públicos invertidos en facilitar la vivienda se justifican en las dificultades económicas de determinados colectivos para adquirir pisos en el mercado libre. Y que en ningún caso deben dar lugar a abultados beneficios cuando se revenden los pisos. Sería una especulación con fondos públicos. Además, es correcto su intento de paliar el alto nivel de fraude existente en estas transacciones, que demasiado a menudo se realizan a precios de mercado sin cumplir los requisitos. Pero el fraude se ataja mejor con inspecciones. Por otro lado, la realidad de las familias es muy cambiante y tras 15 años es lógico, y deseable, que los hogares prosperen económicamente. Así pues, habría que analizar más a fondo las trabas a la posible venta de las viviendas una vez transcurridos tres lustros, aunque se haya adquirido con ayudas públicas. En definitiva, ambas Administraciones tienen argumentos válidos y la mejor solución es abrir un debate productivo al respecto.

Las VPO tienen gran repercusión socioeconómica en España, lo que justifica sobradamente que los políticos se sienten a consensuar un modelo más estable y eficaz. La Comunidad de Madrid defiende que otras regiones, de distintos colores políticos, están en desacuerdo con la decisión adoptada por Corredor aunque no lo hayan explicitado. Merece la pena que el Ministerio de Vivienda abra un periodo de consultas con los Gobiernos autonómicos. Enmendaría así un lastre de partida, pues el Plan Estatal de Vivienda debería haberse aprobado con el consenso necesario. Sobre todo porque es una competencia totalmente transferida, y cualquier plan será un fracaso seguro si quienes lo deben gestionar no comparten su filosofía.

Desde el Ejecutivo de Esperanza Aguirre se muestran dispuestos, si el Gobierno central no cambia el plan, a renunciar a las ayudas estatales a la VPO y financiar con el presupuesto autonómico su propio plan de vivienda. Quizá sea un envite más y probablemente contenga el habitual trasfondo político. Sea como fuere, el debate se ha abierto y es necesario que se afronte con talante productivo. No es recomendable hacer política partidista con la vivienda y sí encontrar soluciones a un problema que ha estado en la génesis de la crisis inmobiliaria.