Las ETT gestionan un 30% más de empleo que los servicios públicos, según AGETT
Las empresas de trabajo temporal (ETT) tramitaron el 56,5% de las demandas de empleo y gestionaron un 30% más de colocaciones de trabajadores que el Servicio Público de Empleo (SPE) en 2007.
Según un informe elaborado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) y el Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE), de los 1.236.300 trabajadores que fueron contratados con intermediación en 2007, 698.000 (el 56,5%) lo consiguieron a través de ETT, y 538.300 (43,5%) mediante los SPE.
No obstante, el informe subraya que los servicios públicos de empleo operan en todas las áreas y con contratos temporales e indefinidos, mientras que las ETT tienen restringidos sectores como la construcción, la sanidad, la educación y la Administración.
Así, añade que si se hace una comparativa homogeneizada, la tasa de intermediación de las ETT fue del 23,5%, mientras que la del SPE fue del 3,2%, lo que, en su opinión, pone de relieve que las empresas de trabajo temporal son más eficaces, a pesar de que tienen un campo de actuación laboral menor.
La tasa de intermediación de las ETT sobre los asalariados temporales es mayor para las mujeres (14,4%) que para los hombres (12,1%), frente a la del SPE (4% y 2,6%, respectivamente). Casi la mitad de los empleos gestionados por estas empresas (el 46,5%) se dirigieron a trabajadores de entre 25 y 34 años, mientras que en el SPE fue del 30,45%. El informe subraya que entre los jóvenes de 16 a 24 años la gestión de las ETT supuso el 17,7 por ciento de las colocaciones y la de los SPE, el 11,8%.
Madrid y Cataluña fueron las comunidades que registraron mayor intermediación laboral en las empresas de trabajo temporal, con el 24% y el 22%, respectivamente, seguidas de La Rioja, con el 19%.
El informe concluye que una colaboración entre las empresas de trabajo temporal y el SPE en la intermediación laboral supondría contar con un mayor número de oficinas de colocación "a coste cero" y el ahorro de importantes recursos por el pago de las prestaciones por desempleo.
Además, advierte de que España tiene tres años "para justificar" que no exista tal colaboración entre los servicios de empleo públicos y privados, atendiendo a la Directiva Europea de ETT que establece ese plazo para revisar las restricciones que subsisten en algunos países.