Nuevo paquete económico

Los parados podrán aplazar dos años el pago del 50% de la cuota hipotecaria

Las ayudas que el Gobierno destinará a bancos y cajas en dificultades serán compensadas con un nuevo plan que el presidente Rodríguez Zapatero definió ayer como de 'medidas sociales y apoyo a las familias' pensado, sobre todo, para los parados con cargas hipotecarias y para frenar la destrucción de empleo. Se beneficiarán 500.000 empresas y hogares, con un coste para el erario de 170 millones.

La iniciativa estrella consiste en aplicar una moratoria de dos años en el pago de la mitad de la cuota mensual hipotecaria, con un límite de 500 euros. Es un beneficio destinado a trabajadores por cuenta ajena en situación de paro, a autónomos con cargas familiares que hayan cerrado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos a tres veces el Indicador Público de Renta (alrededor de 18.000 euros) y a pensionistas de viudedad.

Podrán acceder a esta moratoria aquellas hipotecas concertadas antes del 1 de septiembre de este año que no superen los 170.000 euros y hayan sido concedidas para la compra de vivienda habitual o primera vivienda. Zapatero afirmó ayer que el acuerdo se ha concertado con las entidades financieras ya que el Estado garantizará a través del ICO las cantidades aplazadas. Dichas cantidades se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la amortización de la hipoteca, con un límite máximo de 10 años. El presidente del Gobierno calculó que pueden beneficiarse de este aplazamiento en los pagos alrededor de 500.000 personas.

El PP acogió ayer con cautela esta iniciativa adoptada por el Gobierno. En opinión de su portavoz adjunto de Economía, Álvaro Nadal, presenta numerosas lagunas y puede generar sentimientos de agravio y discriminación entre la población. 'Desconocemos porqué se elige el límite de 170.000 euros para las hipotecas que pueden acogerse a la moratoria, si además de ser una medida voluntaria para el parado también lo es para el banco o caja afectado y cuál es el perjuicio que ello le puede ocasionar al sistema financiero', señaló.

El Gobierno ha decidido también ampliar hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda, fórmula a la que se acogen cada año en España alrededor de 50.000 personas. En la actualidad, para consolidar las deducciones fiscales es necesario que la totalidad del saldo de la cuenta se aplique a la vivienda habitual en el plazo de cuatro años. Como el mercado inmobiliario está parado, este plazo se estirará dos años más, tiempo en el que no se podrán efectuar nuevas aportaciones a la cuenta. Zapatero calculó ayer que a esta medida se acogerán 180.000 personas.

En coherencia con este último aplazamiento, las familias que hayan comprado una casa con la intención de vender su vivienda podrán acogerse también a una moratoria de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2010, para realizar la operación y, de esta forma, acogerse a la correspondiente exención tributaria por reinversión.

Otra iniciativa pensada también para las familias que, según el presidente del Gobierno, inyectará 2.000 millones de liquidez en sus bolsillos, pasa por minorar en dos puntos la retención aplicable en el IRPF de aquellos contribuyentes que estén pagando su vivienda habitual con financiación ajena y voluntariamente así lo soliciten. Se trata de adelantar la deducción fiscal que gozan para que la puedan aplicar mes a mes en vez de una sola vez al año siguiente. En este caso, operará un límite de renta anual de 33.000 euros. El Gobierno calcula que con ello se beneficiarán 3,5 millones de contribuyentes.

En la cena mantenida la semana pasada por Zapatero con los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, el presidente repasó con ellos el paquete de medidas destinado a frenar la destrucción de empleo. El presidente avanzó ayer algunas de ellas, a la espera de que ambas centrales sindicales, la CEOE y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, concreten las bonificaciones específicas orientadas a consolidar el empleo en algunos de los sectores industriales más castigados por la crisis, el del automóvil entre ellos. Zapatero avanzó ayer que en este caso se bonificarán las cotizaciones sociales de empleos nuevos, preferentemente volcados en actividades estratégicas vinculadas al nuevo modelo productivo, como la I+D+i, las energías renovables y medioambientales. La intención del presidente es coordinar el grueso de estas medidas con la Comisión Europea 'para que su aplicación sea más ágil y efectiva y no implique problemas'.

Para fomentar la contratación indefinida, el Ministerio de Trabajo va a crear también una bonificación empresarial por importe de 1.500 euros anuales, pensada para los parados con responsabilidades familiares. Es la más elevada de las bonificaciones existentes si se exceptúa la que se aplica a la contratación de discapacitados.

Empresas de recolocación

Trabajo también se ha comprometido con los dos principales sindicatos a regular la actividad de las empresas de recolocación para que agilicen la creación de empleo entre trabajadores que hayan sido víctimas de los expedientes de regulación de empleo. Es un campo que puede terminar abriéndose también a empresas de trabajo temporal.

Por último, el Gobierno ha dado carta de naturaleza a una iniciativa hace meses aprobada en el Congreso que consiste en ampliar del 40 al 60% la capitalización de la prestación de paro, una medida dirigida a fomentar el autoempleo que puede beneficiar a numerosos trabajadores autónomos.

El Gobierno ha medido en 170 millones de euros el posible impacto presupuestario a dos años del paquete de medidas que el próximo viernes aprobará el Consejo de Ministros para detener la caída del empleo. Según Zapatero, de este paquete pueden llegar a beneficiarse alrededor de medio millón de personas hasta 2010, si bien el presidente no se atrevió a calcular cuanto empleo se creará a través de estas medidas.

El presidente también anticipó que como consecuencia del diálogo emprendido con sindicatos y empresarios se ha decidido destinar el año que viene 1.106 millones de euros a los planes de empleo y formación que impulsarán, sobre todo, los ayuntamientos españoles. Son casi 400 millones de euros más que en el presente ejercicio.

El déficit fiscal ya es secundario

El presidente del Gobierno lo dejó ayer bien claro. Entre ayudar a las familias con problemas o velar por un objetivo concreto de déficit, se queda con el primero de los objetivos. 'Siempre he sido defensor del superávit en momentos de crecimiento y creación de empleo y también defensor de la intervención del Estado cuando la economía tiene serias dificultades. No dudaré en apoyar a las familias con problemas, frente a la elección de irme un 0,5% del PIB en el déficit', advirtió Zapatero, pues éste último problema 'se puede corregir con el tiempo, el año siguiente, pero no la desestructuración familiar, que puede llegar a suponer un drama en algunos casos', abundó.

Esta apuesta de Zapatero por la política social, que llega después de haber puesto el acento durante semanas en los planes de ayuda a bancos y cajas en dificultades, coincide con las previsiones publicadas ayer por la Comisión Europea en las que no se descarta un empeoramiento de la situación presupuestaria y que en varios países de la Unión, entre ellos España, el déficit público supere el límite establecido del 3% del PIB. En los Presupuestos para el año que viene que ahora se tramitan en el Congreso de los Diputados se prevé para el año que viene un déficit del 1,9% del PIB.

El presidente del Gobierno evitó precisar en su comparecencia de ayer el impacto presupuestario de los dos paquetes de medidas que el Consejo de Ministros aprobará el viernes para ayudar a las familias hipotecadas y frenar la destrucción de empleo.