El nuevo Gobierno

Fomento. El recurso al capital privado será clave para acelerar obras del plan de infraestructuras

Desde finales de 2007 existe un firme compromiso del Gobierno por tratar de acelerar en la medida de lo posible buena parte de los proyectos que contiene el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

Este programa, iniciado en 2005, prevé inversiones por 250.000 millones hasta 2020. El sector constructor lamenta que buena parte de esos proyectos se encuentra aún en una fase muy inicial, por lo que la titular del Ministerio de Fomento, Magdalena Álvarez, que repite en el cargo pese a la polémica surgida por las obras del Ave a Barcelona, deberá estudiar fórmulas que permitan agilizar esas obras. æpermil;sta es una de las herramientas que, según el Ejecutivo, permitirá amortiguar los efectos que tendrá sobre la economía el ajuste inmobiliario.

En ese objetivo de adelantar proyectos tendrá un papel protagonista la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), creada la pasada legislatura para reducir los plazos de licitación, que en demasiadas ocasiones se dilatan en el tiempo. En la pasada legislatura, esta entidad se limitó a poner en marcha proyectos con cargo a los Presupuestos del Estado, pero el objetivo es que a corto plazo pueda gestionar también obras financiadas con capital privado.

Sí hay un reproche que comparten las grandes y pequeñas constructoras al equipo saliente de Fomento: no se han puesto los medios necesarios para que el capital privado pueda financiar el 20% de la inversión prevista durante los próximos años.

La situación se agrava ahora que todos los analistas ven peligrar el superávit presupuestario a causa de la desaceleración económica y los fondos comunitarios se han recortado.

Uno de los proyectos clave para evaluar el grado de éxito de las colaboraciones público-privadas es el plan para la renovación de las autovías de primera generación, cuya primera fase ya está licitada y se espera que las obras comiencen de inmediato.

Según este modelo, las concesionarias asumirán el coste de renovar las autovías a cambio de explotarlas durante 20 años. La Administración pagará un canon según la calidad del servicio.