La Audiencia Nacional ordena el inmediato ingreso en prisión de Camacho "por riesgo de fuga"
La Audiencia Nacional condenó hoy al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de prisión -8 años por el delito de apropiación indebida y 3 años por falsedad documental-, y consideró a La Caixa y Caja Madrid como responsables civiles subsidiarios de un agujero de 87,99 millones de euros.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y de otros cuatro de los ocho condenados por el escándalo financiero tras la petición del fiscal, Vicente González Mota, quien solicitó esta medida tras la lectura pública de la sentencia y una vez conocidas las penas, informaron fuentes jurídicas. Permanecerán en prisión hasta el límite de la pena impuesta por el tribunal.
Todos ellos, que aún permanecen en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, de donde saldrán esposados, ingresarán en la prisión de Soto del Real de Madrid a lo largo del día. Los cinco autos de ingreso en prisión atribuyen a los condenados un ¢riesgo de fuga, dada la gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se les ha impuesto por la participación en los hechos y la propia desaparición del dinero en su día confiado por los inversionistas¢.
En concreto, el representante del Ministerio Público pidió el ingreso en la cárcel de aquellos acusados condenados a penas superiores a los cinco años. Se trata de Antonio Camacho, su 'número dos', José María Ruiz de la Serna; el subdirector de la agencia de valores, Francisco Javier Sierra de la Flor; el principal comercial, Aníbal Sardón, y el asesor fiscal, Julio Rodríguez Gil.
Ante esto, el tribunal de la Audiencia Nacional ha dictado el ingreso en prisión provisional para todos ellos, que permanecerían en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos al fallo hecho público hoy y dicte sentencia firme. En caso de que ésta sea condenatoria permanecerán en la cárcel hasta que terminen de cumplir la pena impuesta.
Un máximo de cinco años entre rejas
En concreto, según fuentes jurídicas, Camacho podría pasar un máximo de cinco años en prisión a pesar de la condena de once años de cárcel impuesta hoy por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El propietario de Gescartera pasó tres años en cárcel tras la intervención de la agencia de valores en junio de 2001. Este tiempo computa como parte de la pena, por lo que, pese a su condena de 11 años, éstos se reducirían a 8, y a un máximo de 5 por beneficios penitenciarios.
Camacho ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real el 17 de julio de 2001, un mes después de la intervención, y salió el 3 de julio de 2004, casi tres años después, tras depositar un cheque de 30.000 euros, que completaba el resto de la fianza de 300.000 euros impuesta por la juez de la Audiencia Nacional que instruyó el caso, Teresa Palacios.
Por su parte, Ruiz de la Serna, condenado hoy a diez años y medio de cárcel, tendría que cumplir la pena íntegra, ya que no llegó a entrar en prisión tras la intervención de la agencia de valores por la grave enfermedad que sufría entonces.
Aníbal Sardón cumplió diez meses de prisión que se le descontarán de los nueve años a los que ha sido condenado y Julio Rodríguez Gil, condenado a 6 años, llegó a ingresar en prisión, donde permaneció durante cuatro meses. Por último Francisco Sierra de la Flor condenado a seis años y medio no llegó a ingresar en la cárcel.
Recurso de La Caixa y Caja Madrid
La cajas de ahorro catalana y madrileña han confirmado que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras conocerse hoy la sentencia del caso Gescartera que declara, entre otras, a La Caixa y a Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios.
Así, ambas entidades podrían tener que hacer frente al pago de 87,9 millones de euros, cantidad total defraudada por Gescartera determinada por el tribunal.
La sentencia no establece las cantidades que tendrán que abonar cada una de las entidades, ya que se fijará en el momento de la ejecución definitiva de la sentencia, que podría tardar alrededor de tres años, después de que el Tribunal Supremo tramite todos los recursos que se presenten contra la sentencia.
Los 87,9 millones de euros podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años que tarde en ejecutarse la sentencia.