Crisis

Cinco empresas de la inmobiliaria Cosmani solicitan suspensión de pagos por iliquidez

En un momento de grandes tensiones en los mercados de crédito y de desaceleración en el negocio inmobiliario, la madrileña Cosmani se ha sumado al listado de compañías que encuentran dificultades para financiar su deuda y deben negociar su futuro con los bancos. Además, la constructora de vivienda protegida Prasi ha aceptado la suspensión de pagos después de reconocer que acumula una deuda de 40 millones.

Ante una notable falta de liquidez, cinco de las 22 empresas que integran el grupo inmobiliario Cosmani han solicitado voluntariamente un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) al no poder hacer frente a los vencimientos de una deuda que, según la empresa, asciende a 350 millones de euros.

Un portavoz del grupo explicó a Reuters que la inmobiliaria presentó la solicitud de concurso la pasada Semana Santa para garantizar la supervivencia y que acaba de iniciar una ronda de negociaciones con 23 entidades financieras antes del convenio de acreedores.

Añadió que la deuda es, en su gran mayoría, de carácter bancario y que las sociedades no han incumplido ningún pago con proveedores, Administración, clientes o empleados.

Fuentes legales explicaron que el procedimiento de concurso voluntario pretende evitar la quiebra y puede ser la forma más sencilla de garantizar la supervivencia de determinadas compañías.

¢Se trata de configurar un plan de viabilidad que normalmente lleva aparejadas ventas de activos e incluso una rebaja en los pagos o condiciones de la deuda¢, explicó un abogado mercantil.

Según datos de 2006, el conjunto del grupo tenía activos valorados en 1.675 millones de euros, con un resultado bruto de explotación EBITDA de 28,8 millones de euros.

La VPO, también en apuros

Por otro lado, la constructora de vivienda protegida Prasi ha aceptado un concurso necesario al que le han instado varios acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, después de reconocer que acumula una deuda por valor de 40 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, la empresa, que opera principalmente en Madrid y en Castilla y León, se vio abocada a la suspensión de pagos después de que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) le retirase un proyecto de construcción en Vallecas y de que la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (ENGIASA) hiciera lo propio con otras obras.

La empresa paralizó las obras en Vallecas y Alcorcón por falta de liquidez para pagar a los proveedores, que se negaron a seguir facilitando material, lo que llevó a la EMV y ENGIASA a retirar las licencias en favor de otras empresas.

A finales de febrero, los proveedores Hormigones del Henares y Álvaro e Hijos presentaron en el juzgado una solicitud de concurso necesario con la reclamación de unas deudas de 935.000 euros, a lo que hay que sumar los 453.000 euros que exigió otro acreedor en otra demanda por insolvencia.

La empresa se ha allanado a la primera petición, con lo que el titular del Juzgado Mercantil número 4 declarará previsiblemente el concurso necesario en los próximos días.

Prasi, que obtenía más de la mitad de su negocio de la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), facturó 31 millones de euros en 2006, el último ejercicio del que hay constancia de cuentas en el Registro Mercantil.

Contactada por EFE, la constructora controlada por Lorenzo Barragan no ha querido hacer comentarios sobre la situación que vive la compañía.