La nueva batalla energética

Una operación que tendrá que sortear múltiples trabas

Cualquier cambio de control de Iberdrola debe ser autorizado por Bruselas y la CNE

El temor a un asalto sobre Iberdrola ha rondado a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, desde que la alemana Eon irrumpiera en España en febrero de 2006 lanzando una opa competidora por Endesa. No en vano, a partir de esa fecha, Galán inició la búsqueda de inversores españoles para reforzar el capital de una eléctrica cuyo accionariado estaba (y, en cierto modo, sigue) altamente diluido.

Ya en los meses de verano, ACS, propietaria de Unión Fenosa, aceptó la invitación y el 26 de septiembre comunicó la compra de un 10% de Iberdrola. Aunque las partes transmitieron en un principio la idea de que se trataba de una entrada amistosa cuyo objetivo era la fusión de Iberdrola y Fenosa (de hecho, Galán reivindicó por aquellos días en varios foros cambios legales para conseguir que la suma de 'uno más uno resultase dos') éste enseñaría pronto sus cartas.

En noviembre se desveló la compra por Iberdrola de Scottish Power por 17.200 millones, operación negociada a espaldas de ACS, que ya era el primer accionista de Iberdrola. Galán siguió mostrando el naipe al presentar duras alegaciones ante la Comisión de la Energía contra la constructora del grupo March en el proceso en el que el regulador determinó los límites de los derechos políticos de ACS en Iberdrola, por controlar a su competidora Fenosa. Aunque a ACS se le otorgaron algunos derechos en las junta (como la ratificación de consejeros o determinadas operaciones de compra) es incompatible para sentarse en su consejo.

Sánchez Galán se ha movido siempre con rapidez cuando ha visto intentos de controlar su empresa

La operación de Scottish suponía la primera barrera política que Galán levantó contra cualquier incursión no deseada, lo que entraba en contradicción con sus peticiones de mayor flexibilidad de la normativa para facilitar una fusión. Así, tras la adquisición de la escocesa cualquier operación de toma de control sobre la eléctrica española debe pasar por las horcas caudinas de la Comisión Europea y no de las autoridades españolas. Esto es así porque, al sumar los 10.000 millones de ingresos de su nueva filial, más de un tercio de los que registra el grupo Iberdrola los genera fuera de España. Requisito éste para acudir a Bruselas.

Otras trabas desde la óptica de la competencia se podrían producir si, finalmente, cierra la compra de la estadounidense Energy East, eléctrica que opera en cuatro Estados.

A partir de ahí, la política de blindaje por parte de Galán se ha centrado en el plano económico. Así, ha perseguido la revalorización de la cotización para encarecer cualquier entrada hostil (a lo que también ha contribuido la compra de Scottish); diluyendo a los accionistas con cuatro ampliaciones de capital en un año y con un desdoblamiento (split) de las acciones, que ha dividido entre cuatro su valor nominal, lo que ha permitido la entrada a nuevos pequeños inversores. También ha buscado el respaldo de multitud de pequeñas cajas de ahorros, que, pese a todo, y exceptuando a BBK y Bancaja, apenas superan el 5% del capital.

Los permisos

Sea cual sea el resultado de la incursión de EDF en Iberdrola, si se traduce en una toma de control de ésta por parte de un tercero, la operación requerirá la autorización de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, así como la del Consejo de Ministros en virtud de la llamada ley Rato, si la que pasara a controlar fuese el grupo francés. La norma, en vías de derogación, sigue vigente y obliga a cualquier empresa pública extranjera a pedir permiso al Gobierno. Tal fue el caso, el año pasado, de Enel en Endesa y de la argelina Sonatrach, que se reforzó en Cepsa.

Sin olvidar que cualquier toma de participación superior al 10% en cualquier energética española con activos regulados o estratégico debe recibir el visto bueno de la CNE. Además, los accionistas de dos operadores principales de la energía (los que tienen las cinco mayores cuotas de mercado), deben optar por ejercer los derechos políticos plenos en tan sólo uno de ellos y con límites en el segundo.

Los estrechos lazos hispano-galos

El carácter 'resolutivo' del presidente francés, Nicolas Sarkozy, tal como lo califican en el Gobierno español, ha permitido desbloquear el proyecto de interconexión eléctrica por los Pirineos, que se encontraba empantanado desde hacía 15 años.

En la cumbre intergubernamental celebrada en París el pasado 10 de enero, se firmó un acuerdo para poner en marcha en el plazo de seis meses un proyecto que incluye el soterramiento de una parte del polémico trazado de alta tensión.

Dadas las buenas relaciones entre Sarkozy y el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, fuentes del sector no descartaron en aquél momento que la cumbre sirviera para estrechar otros lazos de tipo 'corporativo', que, en cualquiera de los casos, no figuraban en el orden oficial del día.

De hecho, hay quien asegura que Zapatero ha decidido contar 'con una agenda energética', en línea con la política activa que el presidente galo ha demostrado en su país, donde también ha dado el último impulso a la fusión entre la pública Gaz de France y Suez, tras la amenaza de opa de la italiana Enel sobre este grupo.

El temor de Eon

Uno de los temores expresado públicamente por la alemana Eon (que fracasó en su intento de hacerse con Endesa) es una liaison energética España-Francia. Eon, que negocia la compra de activos de Endesa, ha estado en los mentideros de una posible opa a Iberdrola.