TRIBUNA

El futuro de la imposición directa

Era inevitable. Llegados tiempos electorales, las propuestas fiscales saltan a las primeras páginas de los periódicos y abren los informativos televisivos y radiofónicos. En este caso ha sido el primer partido de la oposición el que ha tomado la iniciativa, prometiendo una exención en IRPF para los contribuyentes con rentas de hasta 16.000 euros. Dicha propuesta suscita dos reflexiones, que pretendo exponer a través de las presentes líneas.

La primera afecta al modo en que nuestra clase política, de ordinario, formula proposiciones en materia tributaria, sin explicar exactamente la forma en que las va a llevar a cabo, su coste efectivo y los recursos con los que se va a financiar. Esto es lo que sucede con las medidas anunciadas este fin de semana que, a falta de mayores detalles, obligan a realizar un esfuerzo de imaginación.

En primer lugar, una exención general para los contribuyentes que obtienen una renta de hasta 16.000 euros tendría un coste tal vez asumible, próximo a los 6.000 millones de euros (la última reforma ha tenido un coste de unos 4.000). Sin embargo, tal clase de exención resulta impracticable, ya que provocaría lo que los técnicos conocemos como un error de salto, que creíamos desterrado de un sistema fiscal moderno como el nuestro. Así, un contribuyente pasaría de no pagar IRPF a pagar unos 1.700 euros por el simple hecho de ganar un euro más, el que va de 16.000 a 16.001. Dicho error se puede evitar actuando sobre la reducción de los rendimientos del trabajo y/o sobre el mínimo personal, pero ello dispararía el coste de la medida hasta una cifra próxima a los 25.000 euros. Dicho coste sólo podría ser compensado mediante un severo recorte de políticas públicas o mediante un aumento muy significativo de la imposición indirecta.

Es impensable que un aumento del consumo o de la actividad económica pueda suplir, por sí solo, esta magnitud que representa un 35% de la recaudación actual del impuesto. Pero sobre estas serias dudas, nada se ha aclarado hasta el momento por los autores de la propuesta, lo que hace dudar de su seriedad.

Con independencia de lo anterior, la rebaja prometida nos lleva, como anunciábamos al principio, a una segunda cuestión, más general e importante que la anterior. Se trata del papel que queremos que juegue la imposición directa en nuestro futuro sistema tributario.

Así, los hechos parecen demostrar que las rebajas en el IRPF venden electoralmente, ya que es el tributo más visible de nuestro sistema, esto es, el ciudadano es perfectamente consciente de que lo está pagando y cuánto está pagando. Si a ello unimos las presiones para la supresión de otros tributos complementarios, como los impuestos sobre Patrimonio o sobre Sucesiones y Donaciones, dicho futuro no es nada halagüeño. Y no deja de ser paradójico, ya que estos impuestos son, con mucho, los más justos y los que mejor acomodan la carga tributaria a la verdadera riqueza y circunstancias personales de los ciudadanos.

Además, las pérdidas de recaudación que se produzcan sólo pueden financiarse por una doble vía. De un lado, mediante el aumento de los impuestos indirectos, más silenciosos pero más gravosos, en términos relativos, para las clases más desfavorecidas. De otro lado, a través de una retirada del denominado Estado del bienestar, lo que también perjudica a los ciudadanos en peor situación.

Con todo lo anterior no queremos decir que no exista cierto margen para las reformas del IRPF. Parece de justicia reducir la carga que soportan las rentas del trabajo, no sólo para los mileuristas, sino incluso en los tramos superiores de la tarifa, donde muchos contribuyentes de clase media sufren tipos muy elevados. Pero estas propuestas deben ser mucho más ponderadas que las que se han presentado este fin de semana, con un coste recaudatorio inferior, con una estimación real del mismo y con una alternativa a la pérdida de recursos que suponen.

Veremos qué nos depara el resto de campaña electoral, pero llegará un momento en que los contribuyentes deban plantearse qué prefieren, si una reducción en el IRPF o un incremento, vía imposición indirecta, del precio que pagan por todos los bienes y servicios que consumen.

Jesús Rodríguez Márquez. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario