COLUMNA

Estabilidad presupuestaria

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado una reforma fiscal del IRPF cuyas líneas básicas son:

-eximir del IRPF a los trabajadores y pensionistas que ganan menos de 16.000 euros anuales;

-reducción del tipo mínimo en el IRPF al 12% y del máximo al 40%;

-deducción por ahorro del 15%, similar al tratamiento fiscal por compra de vivienda;

-tales medidas irán acompañadas de un estricto marco de estabilidad presupuestaria.

En principio, toda medida que tienda a que el contribuyente disponga de la mayor parte de su renta para efectuar sus opciones de gasto y ahorro parecen acertadas, y por tanto estoy de acuerdo, siempre y cuando se cumpla la premisa de un estricto marco de estabilidad, que constituye un principio básico de la Unión Monetaria.

Para ello es necesario que se cuantifique el coste de cada una de las medidas de los tres primeros puntos comentados, cómo se va a recuperar la pérdida de ingresos públicos que tales medidas comportan y qué contribuyentes serán los principales beneficiarios, según niveles de renta. Las opciones podrían ser las siguientes:

Una opción que podría tomarse sería mantener la presión fiscal globalmente para cumplir el principio de estabilidad, aumentando los impuestos indirectos que graven consumos de bienes de lujo, demandados prácticamente por personas de niveles de renta alta. Se ganaría en equidad, respetando el marco de estabilidad. Es necesario cuantificar su importe y su incidencia por niveles de renta.

La segunda opción sería reducir el gasto público, especificando los mismos y quiénes son los principales beneficiarios, a ser posible por niveles de renta, con objeto de que no se pierda equidad al cambiar impuesto por gasto. Para ello se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

-Los bienes públicos puros benefician por igual a todos los ciudadanos (seguridad ciudadana, asuntos exteriores, etcétera) ya que en ellos no se dan los principios de exclusión y de rivalidad en el consumo. Son los que en un principio justificaron el nacimiento del Estado. Sólo estaría justificada su reducción si en la producción de los mismos se dieran ineficiencias.

-Los bienes preferentes (sanidad, servicios sociales, pensiones y educación) que forman parte de la protección social y constituyen el principal instrumento de cohesión social son bienes privados financiados públicamente, porque el mercado no funciona eficientemente. Sólo estaría justificada una reducción en los mismos si en su producción se dieran ineficiencias. El traspaso de su producción al sector privado, conservando siempre la financiación pública, podría reducir los costes de producción. Dicha reducción se destinaría a compensar la rebaja de impuestos.

-Los restantes bienes que los entes públicos suministran son bienes privados y deben financiarse con la renta de los individuos a través del mercado, producidos por el sector privado. La eliminación de tales gastos del Estado se destinaría a compensar la reducción de los impuestos. Aquí puede encontrarse una fuente importante de reducción del gasto público.

-Desde el ingreso de España en la Unión Monetaria se ha producido en algunos años una reducción del gasto público, sin embargo se está produciendo un incremento constante del número de funcionarios. El control de este gasto es fundamental para la reducción del gasto público, ya que representa alrededor del 70% del coste de producción de los servicios públicos; tal hecho se da con mayor intensidad en las comunidades autónomas.

-Si la inflación de organismos y de estructuras dentro de la Administración pública es una constante de los últimos años, una evaluación de los mismos daría lugar a su supresión o reducción y por tanto a una rebaja del gasto público que compensaría la reducción de impuestos.

La tarea no es fácil de llevar a cabo, pero la reducción del IRPF podría ser la ocasión propicia.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid