EDITORIAL

Aerolíneas bajo sospecha

Las políticas de precios de las compañías aéreas siguen en el punto de mira de los servicios de competencia. British Airways tendrá que pagar nada menos que 398,8 millones de euros para hacer frente a una doble multa impuesta por parte de Oficina de Competencia de Reino Unido (Office of Fair Trading) y del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. El motivo es el pacto al que llegó con Virgin Atlantic para cobrar recargos de combustible a los clientes en los vuelos de larga distancia.

La sanción equivale, nada menos, que al 3,1% de la facturación de la compañía. Aunque ésta ya había provisionado fondos para mitigar el impacto en su cuenta de resultados, consciente desde hace tiempo de que estaba bajo sospecha por violar la Ley de Competencia, la sanción es un mazazo en toda regla, no sólo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la imagen de las aerolíneas en un momento de máxima presión competitiva en el sector.

El consejero delegado de British condenó ayer públicamente el comportamiento de los directivos que negociaron dicho pacto. De hecho, ya habían sido apartados de su puesto cuando se iniciaron las investigaciones. Llama la atención que Virgin, una de las partes implicadas, se salve de las sanciones al haber sido la primera en delatar ante las autoridades el contenido de las negociaciones.

Los sobrecostes por la subida del precio del petróleo presionan desde hace tiempo los márgenes de las aerolíneas. La práctica de aplicar estos recargos para resarcirse del impacto de la subida de los costes de la energía no es una cuestión sólo de British. Es, de hecho, una política extendida entre muchas compañías. Pero una cosa es cobrar un recargo y otra acordar las tarifas con otras compañías, porque eso sí que vulnera directamente el espíritu de la ley. Cabe, por tanto, valorar positivamente que las autoridades se tomen en serio la defensa de los pasajeros y que existan sanciones ejemplares y suficientes medidas de control para limitar irregularidades y prácticas restrictivas a la competencia.