EDITORIAL

Qué hacer con el superávit fiscal

El Ministerio de Economía y Hacienda envió ayer a Bruselas el balance definitivo de las finanzas públicas de 2006, con un saldo positivo más generoso del previsto, que casi duplica en términos relativos el registrado en 2005. Con un superávit del 1,83% del PIB y cerca de 18.000 millones de ingresos no utilizados, las Administraciones públicas españolas aparecen como las mejor gestionadas de la zona euro, con la única excepción de las finlandesas. La mano y la filosofía de Pedro Solbes, el ex comisario de Finanzas de la Unión Europea más estricto con las cuentas de los demás, está presente en este saldo, más propio de una economía de rigor germánico y nórdico que de una del cuestionado club med. Si cuando las viejas divisas europeas unieron sus destinos bajo la soberanía del euro alguien hubiera apostado porque, ocho años después, serían las finanzas españolas las más saneadas del club, le habrían tachado de loco.

Pero la estabilidad y extrema facilidad del crédito que proporcionaba el euro dio alas a la inversión de generaciones enteras de españoles atrapadas hasta entonces en tipos de interés de doble dígito e inflaciones corrosivas con la riqueza. Y el primer beneficiado de la explosión de la confianza y la inversión ha sido la caja común, las finanzas públicas. El sistema de pensiones genera unos números negros del 1,2% del PIB, pese a anuales elevaciones poco pensadas de las pensiones mínimas; el Estado arroja un notable superávit del 0,8% del PIB, pese a que la propia Contabilidad Nacional alertaba recientemente del alto crecimiento del consumo público. Sólo las cuentas de ayuntamientos y comunidades siguen al filo de los números rojos, como si los recursos impositivos de la bonanza económica no fuesen suficientes para cubrir sus insaciables proyectos expansivos del gasto, no siempre justificados.

La estabilidad y el rigor financiero, el credo sagrado de la Unión Monetaria, se cumplen al pie de la letra, hasta el punto de que el superávit se acerca a los niveles demandados por los defensores más liberales de la estabilidad presupuestaria y de la utilización del drenaje fiscal para enfriar la economía y la inflación.

Las dudas surgen acerca de qué hacer con este jugoso saldo fiscal. La Ley de Estabilidad Presupuestaria da algunas pistas, que no del todo se cumplen. Aconseja destinar los excesos de ingresos a la reducción de deuda pública, criterio que Solbes sigue con celo, eliminando emisiones antiguas con cupón muy caro. Pero la citada norma también aconseja que los excesos de ingresos fiscales no inciten a nuevos gastos, cuando la Administración pública prácticamente tiene ya adjudicado el fondo de contingencia (2% del PIB) desde la aprobación parlamentaria del Presupuesto.

Estos elementos de disciplina fiscal merecen una corrección, para que los excesos de ingresos puedan capitalizar un fondo que cubra la falta de flujos comunitarios, financiación a tipo cero a la que España se ha acostumbrado y que perderá a medio plazo, y para hacer frente a programas de gasto en aquellas cuestiones en las que el consenso dice que se precisan inyecciones muy fuertes de capital: la educación en todos los niveles de la cadena formativa, la inversión tecnológica y las infraestructuras.