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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La nueva relación de los abogados

El Gobierno ha regulado por real decreto la nueva relación laboral de los abogados con los despachos para los que trabajan y ha cubierto un vacío tras las reiteradas demandas de una parte de la profesión. La nueva norma completa la iniciativa que en 2005 establecía la relación contractual especial de los abogados, pero deja muchos frentes abiertos para negociaciones ulteriores, que en muchos casos pueden convertirse en nichos de litigiosidad.

Los abogados tienen, pues, de forma definitiva una relación laboral especial, que les proporciona la estabilidad jurídica del alta en la Seguridad Social, pero que les hurta buena parte de los privilegios generales de los trabajadores por cuenta ajena. Las condiciones laborales generales, como el derecho a la formación, la compensación económica por la exclusividad en el empleo, la promoción profesional y económica, la compensación por la aportación de clientes al despacho o la medición real del tiempo de trabajo quedan para la ulterior negociación en el convenio colectivo, como si se tratara de un grupo laboral que presta servicios por cuenta ajena a la manera tradicional.

Pero los abogados no responden completamente a este modelo. Difícilmente pueden fiar a la negociación colectiva la determinación de sus condiciones de trabajo cuando ni existe patronal que aglutine a sus empleadores, ni es un colectivo mínimamente sindicado. De hecho, el Consejo General de la Abogacía, que ha saludado algunos de los cambios y criticado otros, no puede erigirse ni en patronal ni en sindicato.

Además, una de las condiciones laborales determinantes, la remuneración, se ciñe al ámbito del contrato de trabajo, en el que la falta de equilibrio de fuerzas es evidente. En cuanto al detonante de la extinción de la relación profesional, se introduce la figura de la quiebra de confianza, cuya determinación queda en manos de las empresas, y que sin duda abrirá la vía a un toma y daca en los tribunales, muy interesante desde el punto de vista doctrinal, pero problemático para el desarrollo del sector.

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