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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La UE aclara la autonomía fiscal

La euforia se apoderó ayer de las autoridades vascas tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el régimen fiscal del archipiélago portugués de las Azores. Los jueces comunitarios confirmaron la ilegalidad de ese sistema, tal y como dictaminó la dirección general de Competencia de la Comisión Europea en 2002. Pero el Tribunal ha matizado de manera sensible los planteamientos de Bruselas, que podía haber conseguido con este caso carta blanca para someter a escrutinio a todas las instancias regionales que disfrutan de algún tipo de autonomía fiscal. La sentencia fija con claridad los criterios que deberán cumplir los territorios con capacidad normativa fiscal para que sus variaciones en el tipo del impuesto de sociedades no puedan interpretarse en Bruselas como una ayuda de Estado.

Los jueces reconocen el derecho de un territorio a adoptar sus propios tipos de imposición si lo hace en base a una autonomía fiscal reconocida en la Constitución del Estado, sin injerencia del Gobierno central y asumiendo las repercusiones económicas y políticas.

El Gobierno vasco y las diputaciones se apresuraron ayer a cantar victoria porque, a su entender, el Concierto cumple todas esas condiciones. Cabe entender que su análisis sea acertado, no sólo porque han seguido el caso muy de cerca, sino porque analistas más neutrales llegan a similar conclusión. De confirmarse el carácter inofensivo de la sentencia para las peculiaridades fiscales vascas (que el Estado español ha defendido ante el Tribunal de la UE contra el posible ataque de la Comisión), sólo cabe celebrar que los jueces comunitarios hayan contribuido a aclarar los límites entre autonomía impositiva y competencia desleal.

Vitoria debe recordar, no obstante, que la UE reconoce su autonomía fiscal porque se encuentra en el marco de la Constitución española. Y que este texto supremo exige la solidaridad interterritorial, por lo que ninguna comunidad puede medrar en detrimento de otra. El mismo Tribunal de la UE al que hoy se vitorea ya anuló fórmulas como las 'vacaciones fiscales'.

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