EDITORIAL

Competencia fiscal desleal

Casi no pasa un día sin que la UE dé muestras de la delicada coyuntura institucional que atraviesa y de la falta de ambición que prima en sus 25 capitales. Los síntomas son especialmente reveladores en áreas como la fiscalidad, donde el requisito de unanimidad hace imposible avanzar tan pronto como uno de los socios amaga con su veto.

La semana pasada era la Comisión Europea la que reconocía la imposibilidad de blindar el régimen del IVA contra el multimillonario fraude que soporta en estos momentos. Mañana le tocará el turno de rendirse al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), y esta vez en el ámbito del impuesto de sociedades. Berlín, con buen criterio, quiere que el actual Código de Conducta sobre fiscalidad de las empresas, pactado en 1997, se extienda para vigilar el tratamiento impositivo de ejecutivos, trabajadores en el exterior o del pago de dividendos.

Parece claro que la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros se produce ahora en ese terreno, más sofisticado que el de las antiguas reducciones en los tipos de imposición. Pero una vez más, los 25 carecen de la voluntad política requerida para atajar una carrera contra el fisco que sólo beneficia a las empresas que recorren la UE en busca del mejor postor.

La división en la UE llega hasta el extremo de que algunos países quieren renunciar al Código de Conducta actual, mientras que otros piden ya una armonización de criterios fiscales entre los que estén dispuestos a suscribirlos. Los 25 sólo parecen coincidir en una cosa: el planteamiento actual de la vigilancia mutua y la presión política para evitar la aparición de paraísos fiscales en el seno de la UE comienza a agotarse. La fórmula ha dado algún resultado, pero también ha permitido, como en el caso de Gibraltar, que los regímenes fraudulentos se perpetúen en el tiempo sin ninguna actuación en contra de las instituciones comunitarios.