La UE renuncia a endurecer el control de sus paraísos fiscales
La competencia fiscal desleal entre los Estados para atraer a las empresas se está sofisticando, pero la UE se niega a intensificar su vigilancia. El Ecofin pedirá mañana al grupo de supervisión que continúe su labor con arreglo a los parámetros pactados en 1997, cuando la UE sólo tenía 15 socios y las ofertas fiscales se limitaban a reducir el tipo impositivo.
El alcance de la supervisión de regímenes fiscales potencialmente dañinos para la competencia ha tocado techo en la Unión Europea. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), que se reúnen mañana en Luxemburgo, se encuentran divididos sobre la necesidad de ampliar la vigilancia para cubrir las nuevas tendencias en incentivos fiscales, como el tratamiento de los dividendos o los regímenes de los ejecutivos y del personal expatriado, que crean pequeños sistemas fiscalmente paradisiacos.
Ante esta división, el Ecofin tiene previsto limitarse a aprobar unas conclusiones que 'acogen favorablemente' la labor del grupo y le piden que 'siga supervisando el statu quo y el desmantelamiento' del centenar de regímenes fiscales que se han identificado como competencia desleal desde la aprobación del Código de conducta.
Alemania, según se desprende del informe que presentará en el Ecofin el grupo de supervisión, lidera a los países partidarios de añadir más mordiente al Código. 'Un planteamiento aislado, basado sólo en la fiscalidad de las empresas no es suficiente', indica la aportación de Berlín a ese informe.
El Gobierno de Angela Merkel pide que el grupo de supervisión analice también medidas como 'el régimen fiscal de los consejos de administración y del personal altamente cualificado'. Berlín también aboga por incluir en el Código de conducta el tratamiento fiscal de los expatriados, es decir, el personal de la compañía que trabaja en otro país.
Pero las propuestas alemanas no reúnen el apoyo necesario. Y en un área como la fiscalidad basta el veto de un país para no poder avanzar. Bélgica, que ha visto declarado ilegal alguno de sus regímenes fiscales para atraer multinacionales, advierte que no apoyará ninguna ampliación del Código. La contribución belga incluso cuestiona la utilidad del Grupo de supervisión y propone que, si no se disuelve, al menos 'se reduzca considerablemente la frecuencia de sus reuniones'. La Comisión Europea, por su parte, advierte que las administraciones públicas han aprendido a diseñar fórmulas fiscales que 'atentan contra el espíritu del Código pero quedan fuera de su alcance'.
Los regateos políticos minan la vigilancia
La Comisión y los Estados de la UE coincidirán mañana en que la labor del grupo de alto nivel que vela desde 1997 por la aplicación del Código de Conducta sobre fiscalidad de las empresas ha sido un éxito. El aprobado, sin embargo, incluye matices que revelan las carencias de ese grupo de altos funcionarios de los Tesoros nacionales. 'En ciertos momentos ha habido demasiado margen para alcanzar compromisos políticos', advierte, por ejemplo, la CE. Algunos regímenes declarados ilegales por el grupo, como el de Gibraltar, sobrevivirán al menos hasta 2010 sin que el Ecofin actúe contra la pasividad de Londres. Holanda, incluso, cree que la fórmula del Código está agotada. 'Hace falta una legislación que imponga unos mínimos estándares comunes', pide Ámsterdam. El Gobierno holandés llega a plantear la posibilidad de que la norma se pacte sólo entre los Estados que estén dispuestos, para dejar atrás a países tan remisos como Irlanda o Reino Unido.