Escándalo financiero

El Gobierno remite la defensa de los afectados a las asociaciones de consumo

El Ministerio de Consumo sólo habló ayer de los tribunales para la defensa de los perjudicados en el caso Afinsa-Fórum y aconsejó a los afectados que acudan a las asociaciones de consumidores para su defensa letrada.

El subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, aseguró ayer que las instituciones de consumo se van a poner 'a disposición de los perjudicados del caso Afinsa Fórum e intentaremos, a través de las asociaciones de consumidores, ayudarles, asesorarles, informarles y darle asistencia jurídica al que lo necesite'.

Tras su reunión con los directores generales de consumo de las comunidades autónomas, el representante del ministerio señaló que las administraciones central y autonómica acordaron 'mayoritariamente' que las asociaciones de consumidores 'impulsen la defensa letrada gratuita' de aquellos que lo requieran.

En este sentido, Puig anunció que a partir de hoy se insertarán unos anuncios en los principales medios de comunicación facilitando los datos de contacto de las asociaciones más representativas. Esta iniciativa supondrá una inversión de 300.000 euros en inserciones publicitarias, según explicó el director general de consumo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Sin embargo, el subsecretario dijo que 'no estamos en el momento de decir si los inversores van a poder recuperar el dinero o no'. Según afirmó Puig, el proceso se halla 'en fase de intervención judicial' y el tribunal 'no ha analizado aún los bienes a disposición de las empresas'. El subsecretario agregó que 'estamos ante presuntos delitos muy graves' y que el poder judicial es el que debe estudiar la solución más adecuada. 'En función de esa decisión habrá que ayudar a los afectados', señaló Puig.

En cuanto al actual marco legal por el que se rigen estas inversiones de bienes tangibles, el subsecretario afirmó que 'no parece adecuada para este tipo de sociedades' y que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas coincidieron en la necesidad de modificar la legislación. Según Puig, se están estudiando 'nuevos elementos que garanticen más transparencia, más seguridad, más información y más garantías para los inversores que quieran participar en bienes tangibles'. Sin embargo, Puig recordó que una futura reforma 'no tendrá efectos retroactivos', con lo que no serviría para proteger a los afectados del caso Afinsa-Fórum.

El subsecretario subrayó la cooperación institucional existente en este caso para 'hacer lo imposible' en defensa de los perjudicados y afirmó que el Instituto Nacional de Consumo estará en contacto permanente con las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores para que se pueda informar de cualquier novedad de forma coordinada.

Las CC AA no tenían poder para hacer auditorías

Las comunidades autónomas comenzaban a ser competentes para hacer controles o auditorías a empresas de inversión en bienes tangibles como Fórum Filatélico o Afinsa en junio de 2006, según indicó ayer el director general de Consumo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que no entendía 'por qué se ha hecho responsable a la administración autonómica de este tema'. 'El proceso judicial también deja fuera la competencia de las comunidades', dijo Mazón.

Según el real decreto que establecía este control y que entró en vigor en 2005, las empresas empezarían a tener obligación de presentar las auditorías ante la administración autonómica el mes que viene.