EDITORIAL

Timbres de alarma

Las oficinas de Afinsa y Fórum Filatélico fueron desalojadas y registradas ayer por agentes de policía y de la Fiscalía Anticorrupción. Las puertas de las sedes de las empresas fueron selladas. Las actuaciones, en distintas ciudades, han sido ordenadas por los juzgados 1 y 5 de la Audiencia Nacional, incluyen varios detenidos y han afectado también a domicilios particulares. La operación, en relación con una supuesta estafa en inversiones filatélicas y bautizada como Atrio, responde a una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia previa de la Agencia Tributaria. æpermil;sta ha apreciado, entre otros, presuntos delitos contra la Hacienda pública por parte de las dos compañías.

A expensas de lo que dictamine el juez, las sospechas se dirigen a una supuesta estafa de carácter piramidal, en las que las inversiones más recientes se utilizan para pagar pretendidos intereses a los inversores más antiguos sin que las operaciones que se ofertan se hayan realizado. Un camino lo suficientemente trillado -caso Gescartera- como para que los agentes de la autoridad puedan detectar este tipo de actividades. Lo distintivo ahora, de ser ciertas las sospechas, es que sería a gran escala. Las primeras estimaciones hablan de 350.000 afectados, casi todos pequeños inversores. Con el agravante de que aquí, y a diferencia de los depósitos en bancos y cajas o las inversiones en Bolsa -éstas a raíz de Gescartera-, no existe un fondo que garantice la inversión, aunque sea de forma limitada.

Ante un suceso así es difícil sustraerse a fantasmas como el citado de Gescartera (en 2001) o el más reciente de Eurobank (2003). El caso del Banco Filatélico Español (Banfisa), que suspendió pagos en 2002, guarda alguna similitud con el actual, pero afectó sólo a dos centenares de clientes. Sin embargo, ahora estamos ante un asunto que, de confirmarse, marcará un antes y un después en las inversiones en bienes tangibles.

El hecho de que haya sido la Agencia Tributaria la que dio la voz de alarma dice mucho de su labor, y ahora cabe esperar una investigación a fondo, un escarmiento ejemplar si hubiera delito y, en todo caso, una explicación satisfactoria, especialmente a los miles de afectados. Pero esto no debe esconder una clamorosa carencia de una normativa suficientemente desarrollada y de una regulación específica en el ámbito de la inversión en bienes tangibles (sellos, obras de arte y antigüedades). Falta saber si este ha sido el caso, pero en la actividad económica los huecos legales son aprovechados para mal con demasiada asiduidad.

Que las actividades de estas compañías, que mueven miles de millones de euros, no tengan una normativa específica y estén reguladas únicamente por una simple disposición adicional de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva dice muy poco de la eficacia del legislador. La patronal del sector y algunas organizaciones de consumidores coincidían ayer en que llevaban tiempo pidiendo un desarrollo legal para este sector. Ojalá no sea demasiado tarde. Porque no basta con auditar las cuentas, como exige la disposición a las empresas que realizan mandatos de compra y venta de bienes de colección. La auditorías de 2004, tanto de Afinsa como de Fórum Filatélico, apuntaban problemas. Y no se oyeron alarmas.