TRIBUNA

La política y la justicia

Llamamos administración de justicia a la aplicación del Derecho. Y éste es el resultado de un proceso político. A veces, de orígenes ancestrales, plasmado en costumbres sociales, en valores casi inseparables de lo que consideramos socialmente natural. Y otras, un proceso actual, pregonado a bombo y platillo y objeto de discusión abierta y sin pudor.

El Derecho es, pues, política. Política que se ha materializado en lenguaje. Así, esa ideología encarnada cobra vida propia. O parece cobrarla. O solemos hablar en el debate cotidiano, incluido el político, como si la cobrara. Y eso creo que está bien, pero ni debe ni tiene por qué ocultarnos la naturaleza política de lo jurídico. El recelo a reconocer esa naturaleza nubla y estorba la clarividencia en unos cuantos de los principales debates actuales de la política española. Y para la cuestión que nos está ocupando hoy a todos (tras el anuncio de la tregua por ETA), vale lo mismo.

El Derecho ha jugado y seguirá jugando un papel en este asunto. Algunos han enarbolado y seguramente enarbolarán la bandera jurídica como un grito de guerra con el que acallar todo lo demás. La administración de justicia es la vía, dirán, en el entendido de que es, como tal, única. Otros han dicho, y seguramente dirán, sí, pero también más cosas. Porque la administración de justicia aplica el Derecho y éste es el resultado de un proceso político y de nuevo estamos en el comienzo. El Derecho no está, o no debería estar, para escudarse en él, sino para usarlo, con respeto y valentía, no como trinchera.

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Soberbia pregunta. Si he de decir algo más que prudencia y callar, es que si el panorama político de Euskadi y de España se va a modificar sustancialmente a partir de hoy (que no lo sabemos), y si esa modificación va a ser para bien (tampoco lo sabemos, lo esperamos), es imprescindible insistir en que la administración de justicia sigue su curso. Y ahora no estoy hablando sólo de grandes declaraciones ni preámbulos, ni de la discusión sobre si es o no legítimo ilegalizar determinadas organizaciones políticas. Estoy hablando, también, de esa justicia administrada día a día, la de víctimas y presuntos, la de togas y barrotes, cuyos documentos no se conocen por nombres famosos sino por incómodos códigos.

Si algo cambia, mantengamos un ojo atento a la administración de la justicia. Los años por venir pueden ofrecernos un argumento apasionante. Puede que veamos al Derecho correr junto y paralelo a la política, puede que lo veamos plasmándola y aplicándola como una dócil herramienta, puede que lo veamos frenándola. Es más, puede que todo eso ocurra a un mismo tiempo.

Los sectarismos políticos o, por supuesto, jurídicos (que los hay) no nos ayudarán a ver nada de eso. Sería una lástima perder la oportunidad de prescindir de ellos para disfrutar del fenómeno. Y a lo mejor, fíjense, animados ya por tanta expectativa como nos rodea, para intervenir en él con constructiva admiración, con el honesto propósito de dignificar, aunque sea un poquito, el milenario objeto de esa popularmente tan denostada administración.