COLUMNA

La economía y la nueva tregua

El crecimiento de la actividad económica requiere un entorno institucional y social estable. En un marco caracterizado por la violencia las personas tratan de sobrevivir y procuran pasar desapercibidas, renuncian a las inversiones o, como mínimo, las reducen o aplazan. A primera vista el anuncio del cese de la violencia es una buena noticia, pero la experiencia obliga a acotar la buena impresión, no sea que el deseo nuble la razón, haga olvidar la prudencia y se termine en nuevos desencantos. La fábula del pastor y el lobo es pertinente para este caso.

La tregua viene adjetivada de permanente. Eso no significa nada, aunque sería deseable que no fuera así. El sustantivo y el precedente es lo que cuenta. El sustantivo (Diccionario de la Real Academia 1992, imp. 1995) se define como 'suspensión de armas, cesación de hostilidades, por determinado tiempo, entre los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra', esto es, se trata de un cese transitorio. Así ha sido en el pasado cuando en 1998 anunció otra como unilateral e indefinida… que apenas duró 14 meses, y el mismo final tuvieron las que carecieron de adjetivos.

El propio comunicado obliga a la cautela. Se refiere a un alto el fuego, no al fin de las hostilidades. Informa de que su objetivo es 'impulsar un proceso democrático' sin decir qué es lo que en su opinión sería democrático sin serlo ahora, y 'construir un nuevo marco' del que nada dice. Lo positivo es que se reconoce que la condición para el proceso democrático es el cese de la violencia. Por lo demás, hay demasiadas incoherencias en el texto pues dice que 'al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro'. ¿Significa eso que durante el proceso no la tendrán… y eso gracias a que los que antes dinamitaban ahora permiten que voten?

El llamamiento a la respuesta de los Gobiernos español y francés, 'para que respondan de manera positiva a esta nueva situación, dejando a un lado la represión', es una exigencia de impunidad para los que tienen pendientes asuntos con la justicia. Lo cierto es que el comunicado sólo ofrece el alto el fuego, pero no renuncia a las amenazas ni a la extorsión, que se han seguido preparando cuidadosamente en los últimos meses.

En fin, todo esto incita a moderar las expresiones de alegría y a matizar cualquier impresión positiva. La credibilidad se consigue con la coherencia reiterada y, de no tenerla, como es el caso, exige decisiones drásticas e irreversibles. Una decisión drástica sería la entrega de las armas. Una decisión irreversible podría ser la relación pública de los responsables de la violencia, como la que ya hay de las víctimas. Esa combinación, si fuera precedida de la entrega de armas y otros recursos, unilateral, espontánea, y con compromiso de no volver a la violencia, podría facilitar la labor de la justicia en pro del perdón. Esperar esto, o una parte, requiere de una fe que no hay ni es fácil que la haya cuando se alude a 'una verdadera situación democrática en Euskal Herria'.

Si tras el cese de la violencia aparecen las armas, cesa la extorsión y la intimidación y se abre un diálogo fluido, el despegar de la economía vasca será sólido, esto es, rápido y sostenido. La incertidumbre y las restricciones de empresarios y trabajadores del País Vasco que hasta ahora han sido un inconveniente dejarían de frenar la inversión, muchos de los que han tenido que exilarse podrían volver y la capacidad de sufrir y sobrevivir, ejercida en un entorno propicio, darían rendimientos espléndidos. De hecho, en la anterior tregua mejoró la situación económica. Añádase a esto el volumen de recursos que hoy deben destinarse a protección y que se liberarían para actividades productivas, así como el fin de los destrozos causados por la violencia, la interrupción de actividades y las molestias de todo tipo que van desde la restricción de la movilidad a la prevención de los riesgos en presencia.

El conjunto de España participaría de esta nueva situación en otra medida, pero también se beneficiaría del cese de la violencia que estimularía la inversión, tanto la interna como la extranjera, favorecería la imagen del país en cuanto a lugar de turismo, residencia e inversión. La seguridad se expresaría en menor prima de riesgo, aunque éste es difuso y ha perdido cierta intensidad, si bien no ha sido por voluntad de quienes lo generan, como se aprecia en las aprehensiones de explosivos. En fin, en el comunicado se dice que 'ETA muestra su deseo de que el proceso abierto llegue hasta el final (…) construyendo una paz basada en la justicia'. Sería espléndido que apuntase el modo en que las víctimas pueden ser reconfortadas por la justicia… porque el olvido, aunque lo deseen, no lo tendrán.