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El ex presidente de Coopers demanda a PwC por la liquidación de su contrato

Casi cuatro años después de concluir su relación laboral y societaria con PricewaterhouseCoopers (PwC), su ex vicepresidente y último máximo responsable de Coopers & Lybrand en España, Román Luquín, ha presentado una demanda judicial contra la firma con el objetivo de intentar cobrar lo que considera su parte en la venta de la división de consultoría de sistemas del grupo a IBM. PwC estima que para resolver las posibles diferencias, si las hubiera, se había pactado entre las partes acudir a un arbitraje y ha solicitado al juez que decline la petición 'por falta de jurisdicción'.

El litigio judicial por reclamación de cuantía, todavía en su fase inicial, se inició el pasado mes de octubre cuando Román Luquín presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Bilbao. Luquín esgrimió en su alegación que en los contratos, uno privado y otro público, firmados a principios de 2002 con PwC para su desvinculación de la firma, se incluía una cláusula por la cual recibiría su parte correspondiente de la venta del negocio de consultoría de PwC a nivel mundial.

Por aquel entonces la firma había presentado ante la Bolsa de Nueva York el proyecto de OPV de esta división, una operación que le iba a repartir, en teoría, importantes ingresos. La oferta pública de venta se paralizó posteriormente porque el negocio fue adquirido por IBM en octubre de 2002. Román Luquín ya no pertenecía a PwC y su salida se había producido a principios de ese ejercicio. Fuentes de PwC afirman que como no se materializó la OPV y se produjo la venta directa, al ex vicepresidente de la firma no le correspondían porcentaje alguno sobre los beneficios de la desinversión.

El camino de los juzgados emprendido por Luquín tuvo un revés en febrero en 2003 cuando acudió al Juzgado de Getxo (Vizcaya), municipio donde se ubicaba la antigua sede de PwC. Luquín solicitó unas diligencias previas con el objetivo de conocer la cuantía que correspondía a los socios españoles por la venta del negocio de consultoría de sistemas. PwC se opuso a proporcionar la información y fue finalmente la Audiencia de Vizcaya la que desestimó las pretensiones de Luquín al considerar que se estaba creando 'una prueba anticipada' y que sólo cabía la vía judicial para dirimir las diferencias.

Según algunas estimaciones la venta de este negocio, que a nivel mundial se cerró en 3.500 millones de euros, supuso unos ingresos para los cerca de 75 socios en España de unos 38 millones de euros. Su participación en los beneficios fue proporcional al número de años de permanencia en la firma en calidad de socio. Así los que llevaban más de 10 años cobraron el 100% y el resto una cantidad inferior. Los de dos de años de antigüedad o menos no recibieron compensación por la desinversión realizada.

Recurso por falta de jurisdicción

PwC, contraria a las tesis mantenidas por Luquín, interpuso en noviembre pasado un recurso 'por falta de jurisdicción'. A través de sus asesores legales argumentó que en el contrato privado firmado se pactó otra fórmula distinta a la judicial y que cualquier discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento de los acuerdos globales 'debería someterse necesariamente a arbitraje'. Este extremo es el que rechaza Luquín. El árbitro de derecho acordado entonces fue la Cámara de Comercio de Madrid. El arbitraje de derecho supone la estricta aplicación de la norma. El de equidad se basa en la interpretación de la norma.

Acuerdos previos

El litigio entre el ex número dos de PwC, y hasta la fusión con Pricewaterhouse máximo responsable en España de Coopers & Lybrand, y PwC se ciñe exclusivamente al derecho a percibir una cuantía por la venta del negocio de consultoría de sistemas a IBM. En la liquidación de las acciones de la compañía por parte de Luquín y la resolución de su relación laboral, no hubo problemas. Entonces ya eran conocidas las diferencias entre Fernández de Pinedo, procedente de Pricewaterhouse , y Luquín. Los dos fueron los responsables de pilotar, a finales de los 90, la fusión en España de las dos firmas.

Letrados con relevancia pública

Román Luquín tiene como letrado en su conflicto con PwC a Mario Fernández, ex vicelendakari del Gobierno, ex director general del BBVA, socio del despacho de Uría y Menéndez y profesor de la Universidad Comercial de Deusto. Su crédito como especialista en mercantil le precede y ha participado en operaciones empresariales de calado. Es secretario del consejo de varias sociedades.

PricewaterhouseCoopers ha encargado a Fernando Lamikiz la defensa de sus intereses. Lamikiz, abogado también especializado en mercantil, es el actual presidente del Athletic de Bilbao, un club con graves problemas económicos y deportivos y cuya gestión está seriamente cuestionada.

Una desinversión que, en principio, se iba a resolver mediante una OPV

La salida de PwC, la primera compañía auditora del mundo, del negocio de consultoría de sistemas que se cobijaba bajo la división PwC Consulting, se iba a realizar, en un principio, mediante una oferta pública de venta. A principios de mayo de 2002 la firma presentó en la SEC el proyecto de la OPV. En julio, el folleto de emisión pasó los últimos trámites y días después se paralizó la operación. El 30 de julio PwC anunció la venta de esta línea de negocio a IBM por un precio de 3.500 millones de euros en efectivo. La estrategia de desinversión, según señaló entonces el máximo responsable de PwC a nivel mundial, Samuel Dipiazza, obedeció a la política para liberar a la división de consultoría 'de las restricciones regulatorias de nuestro sector'. La actuación de Arthur Andersen durante su época como auditor de la compañía energética Enron planeaba sobre las firmas que trabajaban ese negocio.

PwC Consulting contaba cuando salió de la órbita de PricewaterhouseCoopers con una plantilla de 30.000 empleados repartidos por todo el mundo y una facturación de unos 4.900 millones de euros. Un año después de cerrar la adquisición, IBM tuvo que desembolsar otros 397 millones de euros adicionales como consecuencia de la revalorización de algunos de los activos transferidos de PwC Consulting a IBM Bussines Consulting Services. Entre otros activos se encontraban varias propiedades inmobiliarias en España.

Precisamente la venta de estos activos y los ingresos conseguidos en su conjunto han marcado las diferencias entre el ex vicepresidente de PricewaterhauseCoopers, Román Luqín y la firma auditora. El campo donde se deberán resolver estas discrepancias, si es en el Juzgado o en la Cámara de Comercio de Madrid, se conocerá en breve.