Un Pacto de Estado sobre el modelo
No menos que la lucha antiterrorista o la política de defensa, si hay una cuestión que debería quedar por encima de la lucha partidista y la estrategia a corto plazo es precisamente la de la reforma de los estatutos de autonomía. La experiencia demuestra que el proceso de traspaso de competencias es irreversible, y que la pérdida de peso del Estado, más allá de ciertos límites, tiene consecuencias difíciles de evaluar, más aún cuando paralelamente se está produciendo una transferencia de competencias a Bruselas.
Por ello, desde el Círculo de Empresarios hace ya tiempo que venimos proponiendo la necesidad de un Pacto de Estado entre los dos grandes partidos de ámbito nacional que permita definir el modelo autonómico admisible y más allá del cual no se debe pasar si no se quiere correr el riesgo de desmantelar el Estado. Ese Pacto, además de marcar unos límites que definan materias y niveles competenciales reservados en principio al Estado, debiera igualmente promover la descentralización hacia las corporaciones locales, cuyo nivel competencial actual es insuficiente en no pocas materias.
Es preciso asegurar, de forma muy especial, que el modelo autonómico resultante preserve la igualdad efectiva de los españoles, el principio de solidaridad interterritorial y la unidad de mercado. Sin desmerecer los dos primeros, este último es especialmente importante, pues de él va a depender en no poca medida la productividad de la economía española, el crecimiento económico y nuestros niveles futuros de renta y empleo, es decir, de bienestar.
Es muy importante también cerrar el modelo fiscal, estableciendo una corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas (CC AA) conforme a la cual el Estado garantice que tienen las fuentes de ingresos necesarias para financiar un nivel mínimo de servicios y bienes públicos a los que todos los ciudadanos deben tener acceso, independientemente de su lugar de residencia.
A partir de dicho nivel, cada una de las administraciones debe ser plenamente autónoma para determinar sus niveles de gasto y su distribución. Ello implica que también ha de asumir los efectos de esas decisiones de gasto sobre su necesidad de captar ingresos. De esta forma, si un Gobierno autonómico decide aumentar una partida de gasto sin reducir otras, deberá asumir el coste político de elevar sus impuestos.
En algunas materias, parcialmente transferidas o transferibles, un determinado nivel de competencias en manos del Estado parece imprescindible si se pretende preservar un mínimo de cohesión nacional. Los planes de enseñanza son un claro ejemplo: junto a los hechos diferenciales, parece razonable exigir que tengan también en cuenta los no diferenciales, el acervo común, en suma, pues difícilmente se preservaría la cohesión, la solidaridad y el sentido de pertenencia a una comunidad en caso contrario. Otro tanto puede decirse de los sistemas de protección social, que deben inspirarse en el principio de igualdad entre los españoles.
Convendría aprovechar la reforma de los estatutos de autonomía para reforzar los mecanismos de cohesión y coordinación entre el Estado y las CC AA, y de estas entre sí, de forma que existiesen foros para la armonización de las normativas autonómicas, el debate y la solución negociada de los conflictos y normas para la resolución de los casos en que no exista acuerdo. Es evidente que en materias como la sanidad, política de vivienda, infraestructuras o medio ambiente, ninguna comunidad es un compartimiento estanco, por mucho que las competencias le hayan sido transferidas. Cómo las ejerzan las CC AA vecinas -o el Estado las suyas, si las tuviere- le afectarán, y en todo caso afectarán a los ciudadanos españoles en cuanto a la igualdad y solidaridad que deben reclamar como principios constitucionales.
También debería quedar claro que una vez determinado qué competencias corresponden a las CC AA y cuáles al Estado, ambos debieran ejercer las suyas sin complejos, y sin transigir en las usurpaciones de las mismas por la vía de hecho. En el pasado se han producido frecuentes ocasiones en que determinadas autonomías han ocupado de facto competencias estatales, o han hecho caso omiso de normas estatales de obligado cumplimiento sin que por parte de los poderes estatales se pusiera remedio con la dudosa excusa de evitar enfrentamientos. Así ha sucedido, por ejemplo, en materia de libros de texto, en la omisión deliberada de símbolos nacionales o en la sistemática elusión del castellano en textos o rótulos oficiales.
Asimismo, la ampliación de los techos autonómicos, especialmente en las CC AA con partidos nacionalistas de vocación soberanista, debiera tener, como contrapartida, una declaración y compromiso de cierre del modelo. De lo contrario, seguiríamos estando constantemente a merced de nuevas demandas soberanistas marcadas por el calendario político de los partidos nacionalistas e independentistas.