EDITORIAL

Obligados a avanzar en la reforma laboral

Cuando a principios del pasado julio se cumplía un año de estancamiento desde el comienzo de las negociaciones para la reforma del mercado laboral, el Gobierno instó a la patronal y a los sindicatos a acelerar el proceso. Entonces, a la vista de la falta de avances, el Ejecutivo advirtió, por primera vez, que legislará unilateralmente si no hay acuerdo entre los agentes sociales. Tres meses después, cuando las negociaciones siguen en el mismo estado de inoperancia, el Gobierno ha dado un paso adelante, ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha lanzado una propuesta. Es decir, ha hecho lo que debía.

En un documento presentado ayer a la CEOE y a los sindicatos CC OO y UGT, el Ejecutivo propone ampliar sustancialmente los colectivos a los que se puede hacer un contrato con indemnización de 33 días por año trabajado, así como limitar el encadenamiento de contratos temporales a dos años como máximo y facilitar el despido de los contratos de obra y servicio a cambio de hacerlos indefinidos.

Es en tiempos de bonanza cuando hay que afrontar las reformas, y no forzados por las crisis. La oferta del Gobierno es un punto de partida sobre el que retomar el tiempo perdido y se acerca, al menos, a las exigencias de las partes. Sin embargo, el rechazo de los agentes sociales no se hizo esperar. CC OO y UGT repudiaron el 'abaratamiento' del despido que propone, mientras que la CEOE ve 'casi imposible' el acuerdo porque convierte el mercado laboral en 'más intervencionista, más rígido y más caro' y se aleja de los estándares que existen en la UE.

Después de casi año y medio sin avances, la propuesta oficial merece mejor consideración. Porque el compromiso con los ciudadanos es también de los agentes sociales. Salvo que lo que realmente les interese sea dejarlo todo como está.