Los particulares tienen el 85,3% de los pisos en arrendamiento
Que España tiene el parque de viviendas en alquiler más bajo de Europa no es ninguna novedad, ya que las estadísticas existentes lo vienen constatando desde hace tiempo. Así, las últimas cifras hablan de un exiguo 11% frente al 30% de media en la UE.
Pero lo que sí es cierto es que el estado de conservación de las casas arrendadas o su titularidad eran datos desconocidos hasta hace poco. Según el informe que ha elaborado el Ministerio de Vivienda con motivo de la presentación del funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), el 85,3% de los pisos alquilados pertenece a particulares, el 7,9% a administraciones e instituciones públicas y el 6,8% restante a sociedades privadas u otra clase de organismos.
De nuevo, esta realidad difiere bastante de lo que ocurre en los principales países europeos, donde la gran mayoría de las casas en régimen de arrendamiento se encuentra bajo titularidad pública. Otra de las conclusiones que arroja dicho estudio es que la edad de la mayor parte de los titulares de los contratos de alquiler se sitúa entre los 30 y 44 años, aunque desde el año 2000 se ha detectado un aumento significativo del porcentaje de arrendatarios menores de 30 años.
Estas señas de identidad del alquiler en España han llevado a concluir al equipo de la ministra Trujillo que este mercado está demasiado atomizado y desestructurado por la escasa presencia que tiene la gestión profesional y la mínima implantación que existe de los productos de seguro vinculados a estos contratos.
Toda esta realidad es lo que ha provocado que el Gobierno esté decidido a movilizar los casi tres millones de pisos vacíos que Estadística estima que existen mediante la sociedad pública. Sobre todo, porque eso es más barato y 'racional', según los expertos, que embarcarse en la construcción de grandes parques de viviendas nuevas para alquilar con cargo al erario público, tal y como hicieron países como Holanda o Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. A las ayudas que ya ha puesto en marcha el Ministerio, solo resta por tanto añadir los cambios legales que reclama el sector para agilizar los procesos de desahucio.