Hidrocarburos

Repsol afronta una subida de impuestos y un mayor control en Bolivia

Bolivia puso ayer en marcha la polémica Ley de Hidrocarburos que afecta a empresas extranjeras como Repsol, Petrobras, la francesa Total o BP. Aprobó tres decretos con los que subirá los impuestos directos e indirectos hasta el 50% de los ingresos de la producción y auditará a las compañías.

El Ejecutivo que preside Eduardo Rodríguez Veltzé estrecha el control sobre las petroleras extranjeras con presencia en el país. En un breve comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, el Ejecutivo presentó los tres decretos que contienen los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos promulgada el pasado 17 de mayo.

El ministro anunció que auditará a las petroleras que operan en el país, la mayoría de ellas extranjeras, y comenzará a aplicar la subida tributaria establecida en una reforma petrolera aprobada.

Sobre el polémico nuevo régimen tributario, que sube los impuestos petroleros al 50% del valor de la producción, anunció que se han aprobado los reglamentos correspondientes para que el cobro se haga efectivo de inmediato, con retroactividad a mayo cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos, que dispone la modificación de los contratos petroleros.

REPSOL 12,58 -1,22%

Los nuevos tributos consisten por un lado, en un impuesto directo del 32%, que es el más gravoso para las empresas que operan en el país. La española Repsol cuenta con más del 30% de las reservas de hidrocarburos del país y tienen también importante presencia la brasileña Petrobras, la gala Total y la británica British Gas.

Y, por otro lado, según otro de los decretos se aplicará una regalía del 18%, es decir el Estado recibirá esta participación en los ingresos que perciben las petroleras por explotar los yacimientos, de propiedad estatal.

Estos decretos reglamentarios permitirán, según anuncia el Ejecutivo, 'asegurar ingresos del 50% señalados en el referéndum' celebrado hace un año en el que los bolivianos dieron un sí rotundo a la política propuesta por el Gobierno anterior , presidido por Carlos Mesa, que meses después dimitió.

Con los nuevos impuestos el Gobierno espera elevar 'en aproximadamente un 106%' los beneficios que el Estado obtiene de la explotación del gas natural y el petróleo.

Algunas de las petroleras que operan en Bolivia han advertido que la fuerte carga tributaria recién creada las obligaría a revisar sus planes de inversión en Bolivia.

El tercero de los decretos, además, refuerza la vigilancia sobre estas empresas. Por un lado, encarga a los ministerios de Hidrocarburos, de Gobierno y de Defensa 'tareas y acciones con la finalidad de garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos', otorgando 'las condiciones de conservación y seguridad necesarias'.

Control de las instalaciones

Esta medida ha sido interpretada como una toma de control por parte del Estado, e incluso como una nacionalización de las instalaciones, aunque ya son estatales. Fuentes de las empresas puntualizan que el Ejército ya realiza labores de seguridad en algunos yacimientos.

La Contraloría será la encargada de auditar a las empresas para vigilar su producción. A este efecto se creará el Centro Nacional de Medición y Control de Producción y Transporte.

Repsol ve con 'esperanza' las elecciones

La petrolera española Repsol ha acogido sin sorpresa las medidas aprobadas ayer en Bolivia ya que, como apunta una portavoz oficial, es el desarrollo de una ley que ya se había aprobado. La empresa está 'esperanzada por lo que la convocatoria de elecciones supone de normalización de la situación política' en el país, señala.

En 19 meses el conflicto por el control de las reservas de gas de Bolivia, las segundas más importantes de América Latina, se ha llevado por delante a dos presidentes. Carlos Mesa, que aprobó la Ley de Hidrocarburos, tuvo que dimitir el 9 de junio por las protestas de los mismos movimientos que presionaron para impulsar la norma, con fuerte influencia del Movimiento al Socialismo del diputado cocalero Evo Morales. æpermil;l ha sido uno de los impulsores de la nacionalización de hidrocarburos. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió en octubre de 2003.

Si después de las elecciones, aún pendientes de fecha, la aplicación de la ley sigue adelante, las petroleras, que ayer empezaban a evaluar el impacto, deberán decidir si es rentable o no asumirla.

Poder a la estatal YPFB

Uno de los decretos da un mayor papel y fortalece la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 'a fin de que participe de todas las actividades petroleras', lo que también puede afectar al actual statu quo de las empresas extranjeras.