Irpf

Solbes dice que la reforma fiscal necesita tiempo para ser debatida

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha negado hoy que se haya aplazado a 2007 la reforma del IRPF, y ha señalado que su departamento siempre ha trabajado con la hipótesis de ese año. Solbes indica que el Gobierno se comprometió a enviar el proyecto de ley de reforma en 2005 y así lo hará, para "dar tiempo" al Parlamento para su debate.

En lo que respecta al contenido de la reforma, y en concreto, a la posible subida de la tributación de las plusvalías, el ministro ha recordado que una fiscalidad "muy alta" puede provocar la fuga de capitales a otros países, así que no sería efectiva para aumentar la recaudación.

Solbes ha subrayado que la reforma va a ir dirigida sobre todo a las ¢rentas del trabajo, mejorando la situación relativa de las mimas". Indica además que la reforma del IRPF pretende reducir la complejidad del impuesto y corregir algunas deficiencias de las últimas reformas, como el trato "desequilibrado" de las condiciones personales y familiares. Así, y según Solbes, en las deducciones realizadas en la base y no en la cuota, "el hijo del rico vale más que el hijo del que tiene menos ingresos".

Reforma de las deducciones en los planes de pensiones

Respecto a la fiscalidad de los planes de pensiones, Solbes subraya que si se observan las cifras, entre las rentas inferiores a los 30.000 euros anuales, sólo un 9% hace planes de pensiones, por lo que afirmó que las deducciones actuales están discriminando a favor de las rentas más altas y primando el rescate de los fondos en forma de capital, con una rebaja del 40%.

"Esto no tiene justificación porque no ayuda a ahorrar a largo plazo, así que usemos esos recursos para cosas mejores porque los que llevan a cabo esas aportaciones con un menor incentivo fiscal lo seguirán haciendo", reiteró.

Agencias autonómicas

Finalmente, Solbes se ha referido a la posibilidad apuntada por algunos sectores, de crear agencias tributarias autonómicas, y ha afirmado que los impuestos estatales deben ser gestionados por una agencia única, que pertenezca al Estado central. Ha recordado, sin embargo, que esas agencias autonómicas sí podrían participar en esa gestión.