Infraestructuras para el futuro
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presentó el jueves en sociedad, tras la reunión del Consejo de Ministros, lo que será su proyecto estrella en la presente legislatura: el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT).
El plan nace como un macroproyecto que pretende ordenar y clarificar, de una vez por todas, el futuro de las infraestructuras en España. Una idea ambiciosa que cuenta con recursos y plazos de ejecución generosos. La inversión prevista es de 241.392 millones de euros, cantidad revisable cada cuatro años, de aquí a 2020. De esa tarta inversora, el 42,84% se destinará al ferrocarril, y el 25,12%, a la carretera.
Estas cifras ponen de manifiesto que la gran apuesta de la titular de Fomento es el tren, y más concretamente lo que definió como 'ferrocarril de altas prestaciones'. Su objetivo es que al final del proyecto, los 1.031 kilómetros que cumplen esas condiciones actualmente se conviertan en 10.000. Con ello se conseguiría que el 90% de la población española esté a menos de 50 kilómetros de un punto de esa futura red. Una red que estará estructurada en forma de malla y no de manera radial, con Madrid en el centro, como está diseñada en la actualidad.
La red en forma de malla también inspira el modelo que se quiere implantar en carreteras. Las nuevas inversiones irán dirigidas a autopistas y autovías, con la meta de contar con un total de 15.000 kilómetros en 2020, con lo que el 94% de la población estará a menos de 30 kilómetros de un punto de esa red.
Al margen de su evidente ambición, el plan expuesto ayer nace con el deseo de contar con el mayor respaldo social y político posible. De entrada, prevé la participación activa de la iniciativa privada en la financiación. En principio, ésta puede llegar hasta el 20% del valor global de la inversión. Además, según recalcó la propia ministra, el programa presentado el jueves incorpora un gran número de proyectos e ideas recogidos en el Plan de Infraestructuras elaborado por la patronal CEOE y presentado a Fomento hace poco.
Sin embargo, lo más trascendente en este aspecto es alcanzar un consenso político. La ministra anunció que su plan se estudiará con las comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales y representantes de Marruecos, Portugal y Francia. Y explicó que en la segunda quincena de enero se debatirá en la conferencia sectorial y se sacará a información pública, de forma que en el mes de marzo puedan estudiarse todas las alegaciones para que se apruebe definitivamente en Consejo de Ministros y éste lo envíe al Parlamento para realizar un gran debate político.
Un plan de esta envergadura y con estas miras no puede ser papel mojado en cuanto haya un cambio electoral. Y en quince años puede haber varios. El PP ha acusado hasta ahora a la Administración socialista de presentar pocas ideas, y de tener aún menos capacidad para gestionarlas. Pero no puede descalificar con displicencia, sin ni siquiera estudiarlo, el proyecto de Álvarez, que ha puesto encima de la mesa tanto ideas como capacidad de gestionarlas, y que ha interesado a la propia CEOE. Un cierto grado de consenso resulta necesario. Para el futuro político del PP. Pero sobre todo para el futuro del país y de sus infraestructuras.