Inmigración

Regularizar inmigrantes costará un año de cuotas

Trabajo permitirá la regularización de inmigrantes que acrediten llevar un año trabajando en una empresa; ésta estará obligada a abonar doce meses de cotizaciones a la Seguridad Social y comprometerse a contratar al inmigrante por un año más.

El reglamento de inmigración elaborado por el Ministerio de Trabajo prevé la regularización de todos aquellos extranjeros en situación irregular que puedan demostrar 'fehacientemente' al menos un año de relación laboral. En este caso, el empresario podrá eludir la sanción con dos condiciones: que abone las cotizaciones dejadas de ingresar en la Seguridad Social y que contrate por un año más al trabajador que le ha denunciado. Según afirmó ayer en el Congreso el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, esta será la 'norma general' a partir de la entrada en vigor del reglamento.

En Trabajo se admite que habrá una 'interpretación flexible' de esta norma y que, de hecho, habrá casos en los que los empresarios queden eximidos del pago retroactivo a la Seguridad Social. 'No es un proceso de regularización, dado que será selectivo y personalizado', señaló Caldera. 'Se va a estudiar caso por caso y se tendrá en cuenta todo tipo de casuística', se admite en su Ministerio. Las medidas, añadió el ministro, están pensadas para pequeñas y medianas empresas, el servicio doméstico y el sector de hostelería, que se beneficiarán de una regulación más ágil y flexible de los contingentes de trabajadores autorizados cada año a entrar en España.

Para controlar mejor el fraude, las autorizaciones de trabajo que se concedan entrarán en vigor sólo si existe afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social, con el fin de evitar la compraventa de ofertas de empleo de las que se lucran las mafias. Caldera se comprometió ayer a establecer mecanismos más sencillos y accesibles para la contratación legal de extranjeros y a reducir a un mes de plazo el proceso administrativo.

El procedimiento para contratar a un extranjero se acortará a un mes

Al margen de esta norma general, el ministro anunció que habrá autorizaciones de residencia 'por circunstancias excepcionales' derivadas de 'razones humanitarias', 'protección internacional' o 'colaboración con autoridades judiciales o policiales'.

El resto de los supuestos de arraigo se vincularán a una estancia de al menos tres años en España y a una incorporación real al mercado laboral, para lo cual los inmigrantes necesitarán demostrar que tienen lazos familiares en España con el aval de los servicios sociales de los ayuntamientos.

Caldera advirtió que la complejidad del fenómeno de la inmigración aconsejará 'establecer mecanismos flexibles' para normalizar la situación de quienes tienen una relación laboral demostrable. Para ello presentó a los grupos parlamentarios 'una propuesta abierta al diálogo', al que también convocó a los ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales, empresarios y sindicatos. Todos estos colectivos han sido ya oídos por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aunque la negociación formal con los agentes sociales se inicia hoy.

El Gobierno ha resuelto desde mayo 150.000 renovaciones de permisos laborales y de residencia de extranjeros, pero aun quedan por revisar 250.000 más de los que recibió del PP.

El PP hizo cinco regularizaciones extraordinarias

Entre 1996 y 2003 el PP abordó desde el Gobierno hasta cinco regularizaciones extraordinarias de inmigrantes, según recordó ayer Caldera en el Congreso para desarmar, en parte, las críticas recibidas ahora desde el primer partido de la oposición sobre el supuesto 'efecto llamada' que habrían tenido las medidas anunciadas por el Ejecutivo durante el verano. En el periodo estival, las autoridades han contabilizado un descenso del 9% en la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas.

El ministro denunció la 'incoherencia' de la gestión del PP, promotor de una ley de Extranjería 'restrictiva' y de cinco regularización que permitieron que se pasara de 500.000 extranjeros regulares en 1996 a 1.700.000 en abril de 2004. Si se tienen en cuenta las cifras del padrón, ahora habría en España un millón de extranjeros sin papeles, agregó el ministro.

Caldera salió también al paso de la presunta utilización abusiva del silencio positivo para renovar los permisos de residencia. Este procedimiento sólo se ha utilizado en 2.500 de los 26.366 expedientes presentados con anterioridad al 1 de abril, según los datos suministrados por el ministro. Sin embargo, entre 2001 y mayo de 2004 se renovaron por este procedimiento 306.939 solicitudes de extranjeros.

El Gobierno mantiene vigente su oferta de pacto de Estado a la oposición para abordar el fenómeno de la inmigración. 'No queremos patrimonializar el acuerdo, porque sería un éxito de todos', dijo ayer Caldera.

La predisposición a este pacto es favorable en la mayoría de los partidos del arco parlamentario, a excepción del PP, pendiente de definir su postura tras su congreso nacional.