TRIBUNA

Economía y política para una España multipolar

Una de las mayores riquezas y atractivos de España es su pluralidad. En aspectos tan diversos como el clima, la geografía, las costumbres o la cultura, España es, sin duda, un país plural. Desde el punto de vista de la distribución territorial del poder económico y empresarial, España ha sido también, en los últimos cuatro siglos, un país plural y multipolar. Y ha sido así, principalmente, a partir del siglo XVI, cuando a raíz del descubrimiento de América, se dio un gran poder económico a ciudades como Cádiz o Sevilla, y también cuando, más tarde, la primera revolución industrial consolidó nuevos centros de dinamismo económico en otras ciudades del norte y del este de nuestro país.

Sin embargo, hace ya más de una década se inició un fuerte proceso de concentración de los centros de decisión económica. En algunos casos, impulsado desde las propias empresas que, como consecuencia de sus estrategias de adaptación a la integración europea y a la globalización de los mercados, deciden trasladar algunas de sus sedes o de sus centros de decisión a otros países o a la capital del Estado. Pero, en otros casos, este proceso de centralización tiene su origen en determinadas intervenciones y políticas estatales.

Parece razonable pensar que si se mantiene un proceso de este tipo, acabará generando desequilibrios económicos territoriales y pérdida de capacidad de crecimiento de la economía en su conjunto. Si, por el contrario, queremos fomentar un modelo de tipo europeo, basado en la vertebración equilibrada del territorio, con diversos polos que compitan entre sí para generar iniciativas económicas y para mejorar la capacidad de innovación, de dinamismo y de crecimiento del conjunto de la economía, entonces es preciso poner atención a las fuerzas que mueven ese proceso de centralización.

Si lo hacemos, será fácil comprobar que, en muchos casos, esta tendencia a la concentración territorial del poder económico y empresarial se apoya en decisiones políticas. Y mientras las fuerzas de los mercados actúan libremente y no se puede interferir en ellas más allá de lo estrictamente necesario, en cambio las fuerzas que actúan desde la política permiten ciertos márgenes de actuación. La política no ha de fomentar la tendencia a la concentración que introduce, por sí misma, la economía, sino que debiera actuar como una fuerza compensadora de esta tendencia.

Porque economía y política son dos fuerzas que han de equilibrar sus efectos: cuanto más fuertes sean las tendencias desequilibradoras de las fuerzas del mercado, más fuertes han de ser los esfuerzos de las políticas para compensar estos desequilibrios. Para ello, existen posibilidades de acción que no deben ser menospreciadas.

La España de nuestros días debe consolidar sus características de país plural en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, y debe poder vertebrar esa pluralidad alrededor de diversas capitalidades que aporten más iniciativas y creatividad para el desarrollo sostenible.

Una España, en definitiva, multipolar y no unipolar, en la que las políticas públicas estén orientadas a repartir juego y a compensar los posibles efectos desequilibradores, tanto los de la integración y ampliación de la Unión Europea, como los derivados de la creciente competitividad y globalización de los mercados.

Pero también es preciso que todos los poderes públicos incentiven la colaboración leal y la eficiente coordinación entre las diferentes Administraciones que tienen competencia sobre las infraestructuras, en especial las de transportes, comunicaciones y energía, auténticos motores de la actividad económica. El modelo de distribución territorial de competencias del Estado de las Autonomías ya no puede servir de justificación para actuaciones descoordinadas, ni para luchas competenciales estériles.

Al contrario, este modelo ha de ser entendido como un instrumento para conseguir la efectiva participación de todos los actores (locales, autonómicos, estatales y europeos), en un escenario en el que el diseño e implementación de las políticas de crecimiento esté orientado a desarrollar las capacidades de todos y de cada uno de los territorios.

Porque, además de la infraestructura material, España necesita una infraestructura social, una infraestructura para la colaboración en la solución de problemas y en la creación del futuro.